El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, reconoció que las lluvias tienen al país en una situación de “desastre”. Aún así, mantuvo su negativa a declarar Estado de Desastre, a pesar de que algunas instituciones ya lo han solicitado.
“Éste es un desastre provocado por la intensidad de las lluvias de este invierno copioso”, aseguró Ortega la tarde de ayer, al anunciar una vez más que enviaría una propuesta de reforma al Presupuesto General de la República.
Según la Ley 337, creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), en su artículo tres, inciso nueve, el Estado de Desastre es considerado cuando un evento pone “en peligro a las personas, afectándoles la vida, la salud y el patrimonio, sus obras o sus ambientes y que requiere mecanismos administrativos, toma de decisiones y recursos extraordinarios para mitigar y controlar los efectos de un desastre”.
La misma Ley manda a realizar acciones “independientemente de la magnitud del desastre” en el inciso tres del mismo artículo, en la parte que se refiere a la Alerta Roja.
Sin embargo, Ortega no hizo referencia a la posibilidad de aumentar el Fondo Nacional de Desastres ni a explicar cuánto se ha ejecutado de ese dinero, que inicialmente consta de 18 millones de córdobas.
Por el contrario, el Presidente se mostró preocupado por la gasolina que han gastado el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional al momento de realizar las labores de rescate o traslado de afectados.
Los damnificados necesitan ropa limpia, agua, medicinas, alimentos y leche en polvo. También combustible y aceite para las lanchas.
Alejandro Gómez, secretario político municipal, dijo que el Gobierno central orientó que trabajen anticipadamente para evitar una desgracia.
Ayer se confirmó que la comunidad de Malacatoya está a punto de quedar totalmente aislada, pues la única vía de acceso que está funcionando parcialmente es Tipitapa, ya que el río ha crecido y la barcaza está en mal estado.
Hay 97 personas en el albergue Rafaela Herrera de Malacatoya. Alonso Cano, miembro de la comisión de emergencia, dijo que no hay alimentos disponibles para la semana que está corriendo. La comunidad de El Tabacal continúa sin agua potable desde hace 13 días, desde que se quemó el transformador del pozo de Malacatoya, a consecuencia de un rayo.
En la comunidad de Osagay todas las 81 viviendas están afectadas. En Tepalón hay 301 casas inundadas. Otras zonas afectadas son Los Capulines, Villa Solidaridad, sector de Miralagos, donde hay 280 personas afectadas.
En León los mayores afectados son los pequeños y grandes productores, ya que se les hace difícil penetrar a las zonas productivas debido a los pésimos caminos. Los municipios más impactados son Achuapa, El Sauce y Santa Rosa del Peñón.
En Achuapa el puente La Perla podría caerse y dejar incomunicadas al menos a diez comunidades. En El Jicaral hay siete comunidades incomunicadas.
En Chontales hay 176 personas afectadas, tanto en Juigalpa como en Acoyapa. La crecida del Gran Lago de Nicaragua inundó casas en El Potrerillo, Cañas Gordas y Puerto Díaz.
En Ocotal un bus de la ruta Managua-Jalapa se embancó con 60 pasajeros en un tramo que colapsó por las lluvias. Eso, más la reconstrucción de la vía, provoca atrasos en el tráfico.
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Independientemente de si Ortega se arrepienta de haber mencionado en público la palabra “desastre”, los números respaldan su “desliz”, ya que el propio Presidente informó de 48 muertos hasta ahora, 40,108 personas afectadas, 2,268 refugiadas, 6,492 casas afectadas, de ellas 37 destruidas y 104 semidestruidas.
Para dar una idea, el huracán Ida, que mereció un estado de Alerta Roja el año pasado, dejó un máximo de ocho mil personas afectadas y un muerto, cifras que no se comparan con las lluvias de la presente temporada húmeda.
La situación creada por una de las temporadas lluviosas más amenazantes de los últimos años podría merecer incluso un estado de Alerta Verde, ya que la Ley 337 manda a decretarla cuando un fenómeno “que por su peligrosidad puede afectar o no en todo o parte del territorio nacional”.
Ortega dijo que el lago de Managua subió dos centímetros entre el 15 y 16 de septiembre. Advirtió además que al menos 13 municipios tienen puntos críticos que ya sufren las consecuencias de las lluvias.
Pero esto no fue suficiente para que el Presidente considerara levantar su silencio respecto a algún estado de alerta.
El mandatario sí mostró preocupación por los damnificados de Managua, ya que anunció la construcción de 750 casas en la finca Santa Elena, dos kilómetros al este del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino.
Asimismo, Ortega anunció que el nuevo presidente ejecutivo del Sinapred es el coronel en retiro Rafael Ramírez, ex jefe del Comando de Operaciones Especiales (COE) del Ejército de Nicaragua, quien sustituye al coronel Jorge Ramón Arnesto Sosa.
LENTITUD EN PROYECTOS DE DRENAJE PLUVIAL
La lentitud en la ejecución de proyectos de drenaje pluvial en las zonas altas de Managua ha incrementado la vulnerabilidad en la capital y ha arreciado las inundaciones en áreas como el cauce en el sector de El Dorado, indicó el ex Alcalde de Managua, el sandinista Dionisio Marenco.
“Si completan las obras y ponen a funcionar la micropresa Bariloche (en el barrio Naciones Unidas, del Distrito Cinco), disminuyen las inundaciones en cinco barrios cercanos a esa zona y, como la represa reduce la fuerza con que bajan las corrientes, las inundaciones en zonas como El Dorado disminuirán”, dijo Marenco, quien además criticó la falta de medidas integrales en casos como el barrio Hugo Chávez, donde se construyen casas sin las previsiones para evitar nuevas inundaciones.
En el caso de la micropresa Bariloche, la obra fue concluida oficialmente y entregada hace algunos meses a la municipalidad. Sin embargo, con las lluvias recientes se derrumbaron parcialmente las paredes al oeste de la obra y las aguas que llegarían a la micropresa fueron desviadas. En consecuencia, las escorrentías no llegan a la represa y más bien inundan el barrio Naciones Unidas y posteriormente, sin ningún retén, bajan con más fuerza por el cauce que llega hasta El Dorado, donde ya han ocurrido varios desbordes.
Otro de los proyectos de drenaje pluvial que también enfrenta problemas es el que se ejecuta en el barrio Jonathan González, del Distrito Tres.
Según indicó Camilo Carvajal, habitante de la zona, “las inundaciones han aumentado” desde que se inició la obra hace más de tres meses.
En el área, la comuna capitalina está instalando tubería subterránea para que las corrientes no pasen encima de las calles y así se disminuyan las inundaciones. No obstante, la rejilla para encauzar las aguas ya se quebró y ahora se debe instalar una nueva.
SIGUEN LAS AUTOEVACUACIONES
Poco a poco, el lago Xolotlán ha expulsado a decenas de familias que habitaban en el sector de La Bocana, en Tipitapa.
Ayer, le tocó el turno a Soraya Brenes, quien junto a los otros siete miembros de su familia debieron desmantelar su vivienda para “guardarla” mientras posan en la casa de familiares en una zona más segura.
En La Bocana, todavía hay varias familias que permanecen habitando el área a pesar de las inundaciones; mientras, otras 50 familias ya fueron evacuadas por la Defensa Civil.
Los evacuados continúan albergados en las antiguas instalaciones del Hospital Yolanda Mayorga.
“Nadie está acostumbrado a estar en albergues, pero ya no tenemos a dónde regresar”, dijo por su parte Martha Espinoza, una de las 21 personas evacuadas en la Hacienda Mercedes, propiedad de la Universidad Agraria (UNA).
En las instalaciones centrales de la UNA, sobre la Carretera Norte, también hay 46 albergados, luego de haber sufrido inundaciones en el barrio Hugo Chávez, confirmó Sergio Arbizú, promotor de la delegación municipal del Distrito Seis.
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