BUENOS AIRES/AFP
Un nuevo conflicto institucional se abrió ayer en Argentina al desafiar el Gobierno federal un fallo de la Corte Suprema en la provincia de Santa Cruz (sur), bastión del matrimonio Kirchner, a un año de las elecciones presidenciales.
El Gobierno expresó ayer que sería “un golpe de Estado” en Santa Cruz si el Congreso, dominado por la oposición, decide la intervención de la provincia por incumplir un fallo de la Corte, que le ordena restituir a un procurador despedido hace 15 años, cuando el ex presidente Néstor Kirchner era gobernador del distrito. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que “intervenir Santa Cruz sería un golpe de Estado”, al ser consultado sobre el proyecto de intervención a esa provincia que presentaron algunos diputados de la oposición.
El alto tribunal pidió que se investigue la presunta comisión de un delito por parte del gobernador de Santa Cruz, el kirchnerista Daniel Peralta, por incumplir un fallo de la Corte de octubre pasado, que ordenó reponer en su cargo al ex procurador general provincial Eduardo Sosa. Al emitir su fallo, el máximo tribunal dijo que las sucesivas omisiones de cumplir con la sentencia por parte de las autoridades provinciales constituye “un desconocimiento del principio de división de poderes”.
“Es una crisis institucional seria. Hay un estado de insubordinación contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia, tanto del gobernador de la provincia de Santa Cruz como de importantes miembros del Gobierno. Esto es inédito en la Argentina”, expresó el constitucionalista Daniel Sabsay, también abogado de Sosa.
Fernández reafirmó ayer que el fallo “no se puede cumplir” y dijo que “habrá que encontrar” una solución, porque “la Corte dice que el cargo (procurador provincial) es intangible, pero hay otro en el puesto ahora, que también es intangible”. El conflicto en esa extensa y despoblada provincia patagónica, donde el ex mandatario fue gobernador por tres períodos consecutivos (entre 1991 y 2003), se produce a un año de las elecciones presidenciales y cuando medios de prensa consideran que Néstor Kirchner podría volver a postularse por el oficialismo.
Otro grave conflicto de poderes fue en enero, cuando la Presidenta desplazó al gobernador del Banco Central, Martín Redrado, y mantuvo firme la medida pese a que la Justicia le ordenó reponerlo en el puesto.
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