CORRESPONSAL/RAAN
Un verdadero conflicto mantiene enfrentados en el Juzgado de audiencias de Bilwi la Policía Nacional y el Ministerio Público.
La razón es la negativa de la Policía Nacional de cumplir con una orden del juez que manda regresar 52 mil 750 dólares a dos estudiantes costeños en Bilwi, Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN).
El 4 de junio de 2010 los ciudadanos Melborn Kent y Ryan Sanders Waters (hermanos), representados por el abogado Eddy Javier Peralta Delgado, abocados al principio de proporcionalidad, se presentaron al juzgado de audiencias de Bilwi a solicitar la devolución del dinero y otros bienes personales.
Esos bienes les fueron ocupados por la Policía en el aeropuerto de la ciudad de Bilwi el 14 de febrero de 2010.
Nunca se les formuló acusación a pesar de haber pasado seis meses desde el operativo.
Ante esta solicitud, el juez de audiencias del Juzgado de Distrito de Bilwi, Ronald Fullerton, emitió una resolución ordenando la devolución de los bienes a sus legítimos dueños.
Fullerton consideró que la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y la jefatura policial de la RAAN emitieron en sus informes que los hermanos Sanders Waters además no tienen antecedentes penales, su situación migratoria está bien y no son objeto de investigación.
Sin embargo, el actual abogado de los hermanos Sanders, Carlos Brooks, denunció que el comisionado mayor Julio Rugama se dio el lujo de responderle a Fullerton que no tiene jurisdicción porque “no hay ninguna causa en contra de los Sanders y que el Ministerio Público me orientó retener los dólares para continuar la investigación”.
LA PRENSA abordó a Rugama Cantillano para saber si acatará la orden judicial y éste se limitó a decir que no tiene ningún comentario, que el caso está en manos del Ministerio Público.
Hace un año el juez de juicio penal destituido, Marcos Fúnez, ordenó a la Policía Nacional dejar en libertad a varios hondureños acusados por narcotráfico, porque le aplicó la pena atenuada y le suspendió la ejecución de la pena.
En ese juicio, el jefe policial señalado pensaba curiosamente lo contrario a lo que aduce ahora. “La orden de un juez se cumple y por tanto no podemos negarnos a retener a los hondureños”, dijo entonces.
LA PRENSA trató de conocer la versión del fiscal en la RAAN, Juan Barrios, pero no respondió llamadas.
El tema fue abordado por los jueces y magistrados que se reunieron recientemente en Siuna, donde acordaron que conformarán una comisión interinstitucional para analizar el tema, confió el magistrado sandinista Marvin Aguilar.
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