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El presidente Alan García anunció ayer que aceptó la renuncia del gabinete ministerial, varios de cuyos integrantes han expresado su interés en ser candidatos en las elecciones legislativas de abril del 2011.
Las dimisiones dentro del gabinete ministerial eran previsibles por el interés electoral de los ministros que, según las leyes, deben dejar sus cargos seis meses antes de los comicios. “Los cambios ministeriales se van a dar el martes. Acepto la renuncia del señor (primer ministro) Javier Velásquez y de todo su cuerpo ministerial, y voy a plantear un nuevo gabinete el martes”, manifestó García.
El mandatario mostró incomodidad por las declaraciones del ministro de Justicia, Víctor García, quien señaló antes a la radio RPP que algunos ministros buscaban derogar un polémico decreto que provocó críticas de organismos internacionales que consideran favorece a violadores de derechos humanos. “Lo que pido a los ministros es que me hablen a mí antes de hablar por periódicos si no quieren salir cuanto antes del gabinete”, indicó el presidente al ser consultado sobre el tema.
El presidente ha tenido tres gabinetes desde julio de 2006 cuando inició su segundo mandato, que concluye en julio de 2011.
POLÉMICA LEY
Por otra parte, el mandatario expresó ayer que no hará “una cuestión de Estado” si el Congreso de su país deroga el polémico decreto 1097 vinculado a los procesos a militares y policías por crímenes de lesa humanidad. “Yo no haré jamás oposición porque para eso es la democracia, y si no están de acuerdo o si creen que deben modificar algo para hacerlo más exacto, háganlo, pero háganlo de una vez”, exigió el presidente García.
El Decreto Legislativo (D.L.) 1097 señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un período de 36 meses, desde que se abre instrucción, no se dicta sentencia, y que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad “rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003”, cuando el país se adhirió a ese convenio. El grueso de juicios que las Fuerzas Armadas y militares afrontan actualmente por casos de abusos a los derechos humanos son por hechos cometidos entre 1980 y 2000, cuando el Estado peruano combatió al terrorismo.
La polémica en torno a esa ley se acrecentó esta semana, después de que una veintena de miembros del grupo militar encubierto Colina, creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos durante el régimen de Fujimori (1990-2000), pidieron acogerse a este decreto.
Además de haber sido rechazado por políticos, juristas e incluso la Iglesia católica, el decreto también ha sido criticado por el relator especial de la ONU para la protección de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, quien expresó que puede crear “un clima de impunidad”.
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