Nicaragua ya cuenta con una nueva y moderna ley contra el crimen organizado, que permitirá, a juicio del presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, ordenar el “caos” y evitar la corrupción que pudo primar en la lucha contra este flagelo.
Con la implementación de la nueva ley, el diputado estima que el Estado deberá ejercer una nueva política de persecución del crimen organizado, al promover una mejor coordinación y organización de las instituciones involucradas en la lucha contra los malhechores, para lo cual se creará una Comisión Nacional.
“Estamos dotando al Estado de medidas más efectivas de investigación y de persecución de este delito, para que el Estado esté en capacidad de equipararse a la competencia que le significa la delincuencia organizada, que no es comparable con la delincuencia común”, aseveró Pallais.
El parlamentario recordó que el crimen organizado cuenta con una jerarquía, organización y más recursos que la delincuencia común, por lo cual es imperante fortalecer la lucha contra esta forma de delito que traspasa fronteras.
Entre las novedades de la ley, mencionadas por Pallais, está que la Fiscalía General de la República implementará un nuevo sistema de protección de testigos. También se creará la unidad que administrará los bienes incautados, a cargo del Ministerio de Hacienda.
Al centralizar esos recursos en la nueva unidad, también se pretende evitar la pérdida de bienes incautados, citando como ejemplo que vehículos se han “podrido” en parqueos, o el desconocimiento del destino de dinero proveniente del crimen organizado.
“Todo tiene que ir al Ministerio de Hacienda, la cuenta única, la Tesorería General de la República, todo tiene que caer en ese fondo común, que es un fondo común auditable y registrable por la Contraloría. Hoy no se sabe por dónde anda la cosa”, explicó Pallais.
Hasta ahora, los recursos incautados al crimen organizado eran “repartidos” entre el Poder Judicial, Fiscalía, Policía y otras instituciones; pero con la nueva ley, cada entidad deberá presentar una serie de proyectos para recibir fondos de los bienes que se decomisen a los delincuentes.
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