Los diputados del partido de Gobierno, es decir del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que forman parte de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, mantuvieron —hasta que se frenó el dictamen preliminar de la nueva Ley de contrataciones públicas el pasado primero de septiembre— una doble interpretación del ámbito de aplicación de la misma que permitía contratos de entes autónomos del Estado, sin ningún control más que lo establecido en la legislación mercantil.
Un consultor colombiano contratado en septiembre del 2009 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para analizar el proyecto del Presidente de la República, Daniel Ortega, sobre la nueva Ley de contrataciones administrativas del sector público —que se envió al parlamento el 7 de abril de 2008—, hizo énfasis en este punto conforme a un documento oficial publicado el miércoles en el sitio electrónico del organismo multilateral.
- El Grupo Cívico, Ética y Transparencia hizo un análisis sobre la situación actual del sistema de contrataciones estatales, basado en una reciente publicación estatal que abordaba ese tema.
Destacan que la vinculación del Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas con el Sistema Integrado de Administración Financiera será posible cuando las 11 instituciones y 115 alcaldías que aún no usan el portal Nicaragua Compra se integren al Sistema y cuando se supere el actual 60 por ciento de entidades públicas y otras 152 alcaldías que no están conectadas al SIGFA (el Sistema Integrado de Gestión Financiera Administrativa y Auditoría).
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“El tratamiento que se da al régimen de las empresas públicas es equívoco, dado que sólo estarán cobijadas en tanto realicen funciones administrativas. De seguro se generarán dudas interpretativas para establecer cuáles son las funciones administrativas y cuáles no, de un ente que no está llamado por naturaleza a cumplir funciones públicas”, aseguró Gonzalo Suárez, del equipo de Suárez Beltrán & Asociados, cuyas oficinas están ubicadas en Bogotá, Colombia.
La advertencia en Nicaragua sobre esta debilidad que quedó igual en el dictamen preliminar del 30 de junio pasado, la realizó César Martínez Jarquín, encargado de la Sección de Transparencia del organismo cívico Ética y Transparencia.
Martínez Jarquín accedió a un documento oficial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) en que el director de contrataciones “explicó” qué haría el Gobierno en estos casos.
José María Saravia, director de contrataciones del MHCP, le informó el 15 de junio pasado al diputado liberal Freddy Torres, vicepresidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto que estudia el dictamen preliminar, que la aplicación de la nueva Ley —en el caso de aquellas empresas estatales cuyo giro es comercial—, se limita al ámbito administrativo y no a los negocios que surgen en las transacciones de estas compañías.
“Las empresas realizan funciones administrativas cuando adquieren bienes, servicios y obras para su funcionamiento administrativo”, explicó el funcionario de Hacienda.
URGIÓ APLICACIÓN UNIVERSAL
El consultor del BID, por su parte, añadió en su análisis que la Ley de contrataciones municipales debería ser derogada para que hubiese una aplicación universal en materia de contrataciones.
“Es de la mayor importancia que se tenga un solo modelo contractual público, lo que facilita tanto la operación del sistema como el acceso a los oferentes privados”, afirmó Suárez.
El experto colombiano se centró también en las libertades que se le ceden al Ejército de Nicaragua.
Las adquisiciones militares —dice Suárez— “se prefiere que se les proteja con normas especiales que aseguren reserva cuando sea necesario, pero sin sacrificar la aplicación del conjunto de normas de la ley”.
Los insumos de Suárez forman parte de un análisis que el BID puso a disposición del público en su sitio electrónico.
El abogado no se refirió al caso de las sociedades anónimas en que el Estado tiene participación como ocurre con Gas Natural, la energía, o Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), que controla la importación y el negocio interno del combustible en el país.
Casos como éste, donde el Estado es socio, fueron sacados del ámbito de aplicación en la propuesta gubernamental, cuando en la Ley 323, vigente actualmente, se sujetan de acuerdo al artículo número 2.
Los diputados del FSLN que integran la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, son: Wálmaro Gutiérrez, José Figueroa, René Núñez, Gustavo Porras, Odel Incer, Irma Dávila, Brooklin Rivera y Douglas Alemán.
Recordó que en el sistema actual las estadísticas demuestran una baja ejecución presupuestaria de las distintas instituciones del Estado, atrasos generalizados en los procesos administrativos, uso excesivo de modalidades altamente discrecionales, entre otras peculiaridades.
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