SANTIAGO/EFE
El Gobierno chileno, parlamentarios de oposición y la Iglesia católica intervinieron ayer, de diferentes maneras, para propiciar una salida a la huelga de hambre que desde hace casi dos meses mantiene una treintena de presos mapuches.
El presidente Sebastián Piñera firmó ayer un proyecto que modifica la aplicación de la Ley antiterrorista, en un aparente gesto a la exigencia de los reclusos en huelga de hambre de que no se les aplique esa normativa. Los 34 comuneros que mantienen el ayuno —20 de ellos desde el pasado 20 de julio— denuncian que se les aplica la Ley antiterrorista y que son sometidos a un doble proceso, ante tribunales civiles y militares.
Los huelguistas, que se consideran presos políticos, están acusados de cometer delitos contra la propiedad en el marco de la reclamación de tierras en la región sureña de La Araucanía en manos de latifundistas y empresas madereras.
El anuncio presidencial se conoció después de que el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Alejandro Goic, hiciera ayer un llamado al Ejecutivo a tomar todas las medidas necesarias para resolver la huelga de hambre. “Les pedimos apremiantemente que cedan” para iniciar “cuanto antes” el diálogo con el fin de lograr “una solución digna y justa para todos“, enfatizó el representante de los obispos chilenos.
Pero en vez de perder adeptos, el ayuno de los presos mapuches suma nuevos apoyos. Ayer, cuatro diputados de oposición decidieron sumarse a la huelga de hambre en la sureña ciudad de Temuco, para exigir al Gobierno una urgente solución.
Abogados de los mapuches calificaron ayer de “rezago de la dictadura” la aplicación de la Ley antiterrorista, el procesamiento simultáneo por la vía civil y militar, y el agravamiento de las penas en las causas contra los comuneros.
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