A pesar de la preocupación planteada por algunos parlamentarios, en lo relacionado al artículo 62 de la Ley contra el crimen organizado, que se refiere a la facultad de interceptar comunicaciones por sospechas de vínculos con el crimen organizado, éste no fue modificado al momento de someterse a votación la totalidad del capítulo correspondiente.
Previo a la aprobación de ese artículo, el diputado Óscar Moncada sugirió que el mismo fuese analizado por los jefes de bancada para hacer las correcciones correspondientes, pero no tuvo eco.
La preocupación de los diputados, sobre todo de bancadas opositoras, surge ante la posibilidad de que esa potestad de la Fiscalía o la Policía Nacional para interceptar comunicaciones telefónicas o correos electrónicos personales, previa autorización de un judicial, se le dé un sesgo político y se utilice para espiar a figuras políticas o públicas, lo que fue desestimado por miembros de la Comisión de Justicia.
El presidente de la Comisión de Justicia, José Pallais, insistió en que la interceptación de comunicaciones es un concepto aprobado desde hace unos 10 años en el Código de Procedimiento Penal y lo que se hace en la Ley contra el crimen organizado es controlar y limitar las condiciones para implementar esa medida.
Para el parlamentario hay una confusión con el espionaje político, ya que la víctima en ningún momento es consciente de que hay una intervención en sus comunicaciones privadas.
Pallais insistió en que no se le otorga un “cheque en blanco” a los funcionarios, ante el temor de que la Policía o el Ejército utilicen la figura para perjudicar a un determinado grupo de personas, ya que siempre deberán contar con el aval de los judiciales.
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