María José Uriarte, Lucydalia Baca y Gloria Picón
Las recientes declaraciones del magistrado de facto, Roberto Rivas, quien dijo al Canal 12 de televisión que no habrá observación internacional en 2011, sino que será “un acompañamiento” y además amenazó con sacar del país a quienes critiquen al Consejo Supremo Electoral (CSE), provocó ayer que el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) anunciara su interés por impulsar una ley que regule y garantice la observación electoral.
De acuerdo con el ex mandatario Arnoldo Alemán, la aprobación de la iniciativa en la Asamblea Nacional dependería de los siete votos de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).
La idea es evitar que los magistrados electorales aprueben o nieguen a discreción la presencia de los observadores locales e internacionales.
Según el diputado Wilfredo Navarro (PLC), la iniciativa está lista, pero no ha sido introducida ante el parlamento porque no existen los votos suficientes para su aprobación.
Rivas y otros magistrados de facto han dicho que no permitirán la observación del Ipade y Ética y Transparencia, por sus críticas al Poder Electoral.
Por su parte, el diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Eduardo Montealegre, desestimó las declaraciones de Rivas.
“El señor Roberto Rivas no es magistrado del Consejo, y cuando sean las elecciones (2011) y se tenga que llamar a las organismos de observación internacional, no va a ser magistrado”, reiteró el parlamentario.
DEMANDA ACLARACIÓN
El empresario radial y diputado ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Fabio Gadea, emplazó a Rivas a que explique cuál es su definición de “acompañamiento electoral”, ya que a su juicio lo que existe “en todo el mundo” es observación.
Además, exhortó a los partidos políticos a solicitar desde ya una “pre-observación”, cuya finalidad sería constatar las “aberraciones” que comete el Poder Electoral al entregar cédulas de forma ágil y gratuita a un grupo selecto de personas, incluso a menores de 16 años, mientras que al resto de la población la obligan a pagar hasta 300 córdobas por el documento de identidad, bajo el pretexto de un “trámite expedito” que deberían ofrecerle a todos los ciudadanos.
En ese sentido, el PLC y la BDN recordaron que existe una reforma a la Ley de Identificación Ciudadana, a través de la cual se extendió la vigencia de todas las cédulas hasta diciembre de 2012.
El PLC insistió en que la entrega selectiva del documento de identidad y otras acciones facilitan la implementación de un nuevo fraude electoral, como los cometidos en los dos últimos procesos.
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