En tres años un oficial de la Policía logró ascender tres grados en el escalafón policial, lo que según la ley debió costarle al menos 15 años de servicio en la institución, mientras otros pasan muchos años sin que el ascenso llegue. El ascendido es Marcos Alberto Acuña, jefe de la seguridad personal del presidente Daniel Ortega.
En 2007 Acuña fue ascendido a subcomisionado, posteriormente logró el ascenso de comisionado y ayer obtuvo las tres estrellas, que es el grado de Comisionado Mayor.
Fuentes policiales criticaron que hay casos de oficiales que pasan hasta siete años esperando el ascenso al grado inmediato superior, cuando sus superiores alegan que no tienen cargos para que porten ese grado, pese a cumplir los requisitos establecidos.
Al consultarle a la directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, sobre los años establecidos en la Ley 228, Ley Orgánica de la Policía, ella dijo: “Son cinco años o son compatibles con la experiencia en algunos casos”.
Acuña es uno de los 20 oficiales ascendidos a comisionado mayor, de los más de mil 700 oficiales que este año son ascendidos en toda la institución, con motivo del 31 Aniversario de fundación de la Policía Nacional, celebrado anoche en los predios de Plaza El Sol, pese a la llovizna que caía en Managua.
Al igual que el caso de Acuña, hay otros que son cuestionados entre las filas policiales, pero que fueron promovidos por la lealtad al presidente Ortega.
Los otros ascendidos a comisionado mayor son: Douglas Pichardo, Beatriz Narváez, Lee López, Fabio Guevara, Emilio Rodríguez, Manuel Zambrana, Guillermo Saballos, Fernando Borge, Teodoro Bustamante, Antonio Palacios, William Dávila, Douglas Espinoza, Bayardo Rosales, Guillermo Delgado, Gloria Martínez, Sergio Gutiérrez, Beatriz Martínez y Mercedes Amador.
Al consultar a Granera sobre las críticas en cuanto a dos de los jefes policiales promovidos, uno de ellos por maltrato a sus subordinados y otro incluso cuyo caso habría sido remitido a la Fiscalía, ella respondió: “Denuncias pueden haber, mientras no se decida o por la Fiscalía o por Inspectoría General que hay responsabilidad administrativa o penal, priva en Nicaragua el derecho a su inocencia, por tanto tienen todos sus derechos para ser ascendidos”.
Granera mencionó que entre otras cosas valoran en primer lugar el tiempo en el cargo, así como el nivel cultural, contar con el título de licenciado, el postgrado de administración policial y que tengan el techo o el cargo.
Ortega, quien presidió la actividad, en dos ocasiones confundió el grado de la jefa policial, a quien primero llamó comisionada general y después primera comisionada general.
El mandatario recordó además el origen sandinista de la institución, a lo que dijo, no desmerece que ahora sea Policía Nacional, ni a Sandino porque sus raíces son sandinistas. También refirió que es una Policía “que está puesta a prueba”, al referir que en los 31 años, 426 oficiales han ofrendado su vida en el cumplimiento del deber.
Granera destacó que nueve actuaciones por minuto, que representa 513 actuaciones por hora, ha llegado a alcanzar la institución en lo que va del año. Y mencionó que han creado 44 nuevos puestos policiales en territorios alejados de Boaco, RAAN, Estelí, Somoto, Matagalpa, Nueva Segovia, Siuna, y Jinotega.
Asimismo indicó que esos logros no hubieran sido posibles sin la cooperación externa que en los últimos cuatro años les ha apoyado con 20 millones de dólares, lo que demuestra la confianza depositada en esa institución.
De acuerdo con el informe, este año han logrado reducir el delito en un 3.5 por ciento en relación con igual período el año pasado.
Granera señaló como un importante paso el haber frenado “la amenaza del uso del lago Cocibolca, como pasadizo para el trasiego de droga, desarticulando las tres células del cártel del Golfo que intentaban instalarse en el territorio nacional”.
“Más importante que las dos toneladas y media de cocaína incautadas por la Policía Nacional en estos primeros ocho meses del 2010, es el desmantelamiento de la plataforma terrestre y de la base social de los cárteles de la droga que les restringe y dificulta cada vez más el uso de nuestro territorio para sus operaciones”, indicó Granera.
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