SAN JOSÉ/ACAN-EFE
Fiscales centroamericanos relanzaron ayer una red, creada hace 12 años, que busca el intercambio de experiencias e información para una investigación más ágil de los delitos contra el medio ambiente a escala regional.
La Red de Fiscales y Procuradores Ambientales de Centroamérica fue creada en 1998, pero fue hasta hoy que representantes de las fiscalías de la región firmaron los estatutos constitutivos.
“La cooperación es necesaria para lograr una adecuada investigación y persecución de los delitos contra el medio ambiente que no conocen fronteras”, declaró la fiscal general interina de Costa Rica, Lilliam Gómez, durante un acto oficial sobre la institucionalización de la Red, celebrado en Costa Rica.
Agregó que en la región los principales delitos contra el medio ambiente son el tráfico de especies exóticas de flora y fauna que tienen una “gran demanda en el mercado negro”, la tala ilegal y la pesca ilegal.
Según Gómez, es una “obligación” para Centroamérica contar con mecanismos regionales para combatir estos delitos que también involucran al crimen organizado y a “grandes intereses económicos”.
Por su parte, Blanca Salgado, representante de la Fiscalía General de Nicaragua, comentó que la red permitirá avanzar en la armonización de la ley penal ambiental en los países de la región y el fortalecimiento institucional.
En el plan de acción para los próximos 12 meses, la Red pretende ofrecer capacitaciones a los fiscales ambientales de la región y mejorar el intercambio de información sobre investigaciones relacionadas con delitos medioambientales que se puedan estar efectuando a escala centroamericana.
La red es auspiciada por el Gobierno de Washington y se enmarca dentro de la cooperación incluida en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-Cafta).
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