La conjuez del régimen orteguista Ivonne Astrid Cruz intentó amedrentar con una acusación por delito en audiencia al fiscal Julio Montenegro, imputándole “estorbar” las ilegales audiencias de casación que magistrados orteguistas, ex magistrados y conjueces realizan en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El delito —que según la conjuez Cruz cometió el fiscal Montenegro—, es protestar de forma escrita y oral antes de cada audiencia por la forma ilegal en que los magistrados orteguistas y conjueces integran un supuesto tribunal para tramitar causas penales de casación en la CSJ.
Por su parte, el magistrado liberal Manuel Martínez denunció que los magistrados orteguistas están realizando una “tentativa de violación a la Constitución”, la que se sumaría a las ya consumadas.
Según el magistrado Martínez, en el mes de octubre próximo se les vence el período a diez magistrados de Apelaciones en todo el país, cinco del FSLN y cinco del PLC, y los magistrados orteguistas ya están proponiendo que se les prorroguen los períodos.
En el caso de la amenaza de la conjuez Cruz, el fiscal Montenegro señaló que desde que se integró a los conjueces, la Fiscalía siempre ha externado la preocupación porque se están realizando las audiencias con un tribunal diferente a la Sala Penal de la CSJ, único tribunal de casación establecido por las leyes del país.
“Siempre hemos presentado los escritos, donde la Fiscalía expresa que el artículo 21 y 51 (del Código Procesal Penal, CPP), (los cuales) pues de repente no se pueden dejar de observar y en este caso el 21 que tiene que ver con la constitución de las autoridades y el 51 sobre la acción penal que establece para el Ministerio Público”, dijo el fiscal Montenegro.
Pero fue hasta el viernes pasado cuando la conjuez Cruz lo amenazó con procesarlo.
“Al momento de hacer mi expresión en la Sala Penal pues uno de los magistrados, en este caso creo que es la conjuez Ivonne Astrid Cruz, refirió que estaba incurriendo en delito en audiencia y que por lo tanto se me podía aplicar el artículo 532 del Código Penal en cuanto al estorbo en las funciones”, denunció Montenegro.
El fiscal dijo que respondió a la conjuez Cruz que si motivaba y fundamentaba adecuadamente por qué razón es que se le aplicaba ese artículo, pues él sólo estaba cumpliendo sus funciones como fiscal.
El fiscal Montenegro aseguró que la Fiscalía seguirá protestando las audiencias que se realicen con los conjueces, pero sobre una posible solicitud de declarar nulas todas las audiencias que realicen los conjueces no se quiso pronunciar.
El magistrado Martínez criticó la actuación de la conjuez Cruz. “Ahora las palomas tiran a las escopetas, qué tiene que ver esa señora (conjuez Cruz) con la conducción de una audiencia, si ella es la que no debiera estar ahí, ninguno de ellos (conjueces y ex magistrados) deberían de estar ahí”, dijo.
Para el magistrado Martínez, quienes están cometiendo delitos contra la administración de justicia son los magistrados del régimen, quienes han intentado conformar Corte Plena con los ex magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra y los conjueces.
“Los que están incurriendo en delito y comprometiendo a delinquir al secretario de la Sala Penal son ellos (orteguistas), porque no están en facultad legal para andar convocando a nadie”, dijo Martínez.
El magistrado Martínez indicó que para administrar justicia en la Corte Suprema de Justicia, ésta debe estar dividida en Salas, porque así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero en estos momentos no hay salas conformadas.
“No hay sala legalmente constituida, lo demás es pura farsa. Eso es un abuso sobre abuso, porque esa señora (conjuez Cruz), no sé ni quién es, no tiene ninguna facultad, ninguna competencia, lo que pasa es que están molestos porque yo sé que los fiscales han dicho que vienen para no dejar desamparada a la parte que representan, o sea a la sociedad, pero que ellos están sabidos de que eso no es una Sala legalmente constituida, que las supuestas audiencias no tienen ningún valor”, agregó Martínez.
Sobre las pretensiones de los magistrados orteguistas —de prorrogar en sus cargos a los magistrados de Apelaciones que se les vence sus períodos en octubre próximo—, el magistrado Martínez dijo que la misma es una interpretación que hace el magistrado orteguista Marvin Aguilar, y que “es una burla a todo el ordenamiento jurídico, a la Constitución, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Carrera Judicial.
Según Martínez, el magistrado Aguilar interpreta que el artículo 77 de la Ley de Carrera Judicial permite que se puedan prorrogar los cargos de los magistrados de Apelaciones mediante un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia.
Este artículo 77 de la Ley de Carrera Judicial, según el magistrado Martínez, lo que permite es que el magistrado de Apelaciones pueda optar a ser juez de Distrito cuando finalice su período, siempre y cuando lo apruebe una Corte Plena legal.
“Ya andan tentando a los (magistrados de Apelaciones) liberales que acepten prorrogar sus períodos por un acuerdo de Corte, no sé qué Corte va a acordar eso, porque cualquier acuerdo de Corte para los tribunales de Apelaciones requiere 12 votos de magistrados, ahí no hay cómo”, dijo Martínez.
Entre los magistrados de Apelaciones que se les vence su período en octubre próximo, se encuentra el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), magistrado Gerardo Rodríguez.
Además, están el magistrado de Masaya, Pedro Bayardo Briceño; el magistrado de Matagalpa, Fabio Antonio Goussen; y el también magistrado de Managua, Orlando Lúquez García. Otro magistrado a ser prorrogado su período sería Luis Flores Barrios, quien está suspendido por racismo en Bluefields.
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