El reciente acuerdo presidencial (186-2010) emitido por el mandatario Daniel Ortega contravendría las leyes del país y a la vez desconocería las facultades del Poder Legislativo en materia de enajenación de bienes del Estado.
Por medio del acuerdo, el presidente manda al Procurador General de la República a que escriture a favor del gobierno de Cuba las propiedades y bienes necesarios para que éste aloje en el país a los funcionarios, diplomáticos o connacionales que estén en Nicaragua.
- El especialista constitucionalista, Gabriel Álvarez, llamó la atención en el hecho de que el acuerdo presidencial 186-2010, como ha sido en la mayoría de los casos, es refrendado por el secretario privado para políticas nacionales, Paul Oquist Kelly.
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El acuerdo presidencial, publicado en La Gaceta del pasado jueves, reforma a la vez el acuerdo presidencial 87-2009, por medio del cual Ortega ordenaba en abril del año pasado que se le donara a la Embajada de Cuba un inmueble ubicado en el lote 123 del Reparto Pancasán (Colonial Los Robles), en Managua, una propiedad con 524.68 metros cuadrados.
En esa ocasión, la Procuraduría General de la República alegó que la donación fue en el “marco de la reciprocidad hacia el pueblo cubano”, aunque no se conoció qué fue lo que el gobierno isleño entregó a Nicaragua para argumentar esa reciprocidad.
Esta medida violentó la Constitución: pasó por encima de las leyes 169 (Ley de Disposición de Bienes del Estado y Entes Reguladores de los Servicios Públicos) y 204, que reforma la anterior. También desconoció nuevamente la vigencia de la Asamblea Nacional, porque sólo el Poder Legislativo, por medio de una ley, podía autorizar la entrega de este bien.
Con el acuerdo 186-2010 el problema se agrava, ya que éste amplía la disposición al establecer que se enajenen a favor del gobierno cubano todas las propiedades que éste requiera para alojar a personal, funcionarios u otros connacionales.
SERIAS INCONSISTENCIAS
El especialista constitucionalista Gabriel Álvarez, opinó que el alcance de este acuerdo presidencial tiene serias inconsistencias jurídicas y que, en todo caso, debería ser discutido y aprobado con el consenso político necesario en la Asamblea Nacional.
“Lo primero que habría que ver es por qué esta disposición se está orientando sólo para Cuba, ¿por qué entonces no se dispone para todas las representaciones diplomáticas? No creo que sea saludable, más cuando todo esto tiene como trasfondo un patrocinio ideológico”, comentó.
La PGR aún no ha presentado su postura sobre este nuevo acuerdo presidencial. La oposición política a Ortega, débil debido a sus pugnas internas, se ha mostrado desinteresada sobre estos traspasos de bienes a Cuba ordenados por el mandatario.
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