Con el objetivo de frenar el constante incremento de solicitudes de pensiones de gracia que recibe la Asamblea Nacional y para evitar que el Poder Legislativo siga siendo visto como un “sustituto de la seguridad social”, los diputados aprobaron ayer, en lo general, una ley para regular el otorgamiento de dicho beneficio.
Aunque existía un dictamen favorable emitido por la Comisión Económica que preside el sandinista Wálmaro Gutiérrez, y estaba previsto que se discutiera la ley en lo particular, las bancadas de oposición se opusieron y la Ley Especial para el otorgamiento de pensiones de gracia y concesiones de honores a servidores distinguidos de la Patria y la humanidad, únicamente se aprobó en lo general.
El diputado liberal Wilfredo Navarro, promotor de la ley, acusó a los sandinistas de tratar de manipular la normativa, al querer otorgar al Presidente de la República facultades para sancionar las pensiones aprobadas; y reducir a la directiva del parlamento a establecer mecanismos y requisitos para otorgar las pensiones.
Según Navarro, si la facultad de otorgar dicho beneficio es un privilegio constitucional, lo debe aprobar el plenario. Además, Navarro dijo que el Presidente no tiene atribuciones en el tema, ya que las pensiones se otorgan a través de decretos legislativos, los cuales no son sujetos de sanción del Ejecutivo.
Navarro pidió que se incluya la creación de un fondo permanente de cinco millones de córdobas, para que el desembolso de la partida no dependa de la voluntad del Ministro de Hacienda de turno.
Al final los sandinistas cedieron, se acordó incluir los aspectos reclamados por Navarro y discutir la ley en lo particular en las próximas sesiones ordinarias.
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