Los magistrados liberales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se mantienen intactos en su posición, de que sólo existen 12 magistrados constitucionalmente electos en el Supremo Tribunal, apartando a los sandinistas Rafael Solís y Armengol Cuadra, quienes se mantienen usurpando cargos.
Solís alegó ayer que si los liberales se mantienen en la misma posición “infantil” de no aceptarlo a él y a Cuadra como magistrados, los sandinistas seguirán trabajando con los conjueces hasta que en la Asamblea Nacional se nombre a los nuevos magistrados judiciales.
El magistrado liberal Manuel Martínez indicó ayer que están preparando el informe que presentarán este próximo viernes ante el Cuerpo Diplomático, acreditado en el país, para informarles de todas las ilegalidades que se están suscitando en la CSJ desde que Solís y Cuadra dejaron de ser magistrados.
“Ellos (magistrados liberales) tienen el derecho al berreo, no afecta en nada”, dijo Solís sobre la reunión que habrá entre los liberales y los embajadores el próximo viernes.
Ante los rumores de que hasta el derecho a parqueo en la CSJ le quieren quitar a los magistrados liberales, Solís indicó que sólo es el salario el que se les tiene suspendido a los liberales, hasta que éstos se integren a trabajar a la Corte.
“Eso es una broma que les vamos a quitar el parqueo, lo que no podemos es pagarles, que recapaciten, que se equivocaron, el trabajo fundamental de ellos es dictar sentencias”, dijo Solís, quien agregó que si los magistrados liberales quieren integrarse a trabajar debe ser en una actitud positiva, es decir, aceptando a él y a Cuadra como magistrados.
NO HAY SOLUCIÓN
Según Solís, no se ve solución a la crisis en la CSJ mientras en la Asamblea Nacional no se nombre a los nuevos magistrados, lo cual podría ocurrir hasta en diciembre próximo.
“Yo soy partidario de que avancemos con los conjueces”, dijo Solís, refiriéndose a que ya no hay posibilidad de que la situación se arregle a través del diálogo entre magistrados sandinistas y liberales.
Solís aseguró que mientras dure la crisis, en la CSJ no se van a dictar sentencias que tengan relación con situaciones políticas, como el caso de la reelección del presidente Daniel Ortega y el decreto presidencial 3-2010.
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