El jurista Gabriel Álvarez dijo ayer que los diputados que se definen como opositores no tienen ninguna excusa para mantener engavetada la Ley de Conjueces, la cual fue dictaminada por consenso en enero de 2008, pero remitida nuevamente a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos en abril de ese mismo año, por gestiones del hoy magistrado de facto sandinista, Rafael Solís, y el liberal Manuel Martínez.
“Como abogado del diablo no se me ocurre absolutamente nada, no hay ninguna excusa. Si (el dictamen) ya está en la junta directiva, debería pasar a discusión y debería ser aprobado, no hay ninguna excusa para que no se apruebe”, señaló Álvarez.
El jurista agregó que la Ley de Conjueces no resolvería los problemas de fondo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), originados por el pacto entre el presidente Daniel Ortega y el ex mandatario Arnoldo Alemán, pero sí serviría para normalizar el trabajo en el alto tribunal.
En la CSJ los magistrados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) removieron de sus puestos a sus colegas liberales e incorporaron a dos ex magistrados y a siete conjueces para realizar Corte Plena y emitir sentencias.
Los magistrados liberales han rechazado tales acciones, calificándolas como “ilegales”.
La Ley de Conjueces, que se ha mantenido engavetada por dos años y siete meses en el parlamento, establece que cada magistrado tendrá asignado a un conjuez. Además, el proyecto de ley indica que cuando a un magistrado se le venza su período de cinco años y no sea reelecto, el conjuez podrá ocupar la vacante hasta que el parlamento elija a un nuevo funcionario.
De haberse aprobado la Ley de Conjueces, los magistrados de facto Solís y Armengol Cuadra no tendrían excusas para usurpar funciones y los magistrados del FSLN no podrían llamar antojadizamente a los conjueces.
Por su parte el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, José Pallais, defendió sus gestiones con la Ley de Conjueces, y aseguró que fue en la junta directiva donde se frenó la iniciativa.
“Yo les envié todas las pruebas, los documentos probatorios y desvirtué el falso argumento de que no había sido lo suficientemente consultado (el proyecto de ley)”, dijo Pallais.
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