La representante legal de LA PRENSA, Claudia Padilla Cordero, solicitará a la Inspectoría General del Trabajo de Managua anular una resolución viciada que manda a “reintegrar” a 23 personas a las que erróneamente la Inspectoría Departamental del Trabajo de Managua Local I llama “trabajadores del Diario”, pero que en realidad son prestadores de servicios.
A seis de los contraprestadores de servicio se les canceló sus contratos. Los otros contraprestadores de servicio reaccionaron de forma indisciplinada, obstruyendo el servicio de repartición, y por ello es que se les cancela sus contratos, razón por la cual recurrieron a la Inspectoría Departamental del Trabajo de Managua Local I, instancia del Ministerio del Trabajo (Mitrab), que a partir de ese momento inició una serie de diligencias que no se ajustaron a derecho ni se desarrollaron en el marco de un debido proceso administrativo, aseguró Padilla Cordero.
“Existe la Ley 664, Ley General de Inspección del Trabajo. Pareciera que para la inspectora departamental del Trabajo en esta ley no existe procedimiento administrativo que dirima un conflicto. Pretende imponer sanciones económicas a LA PRENSA por infracciones o incumplimiento, sin procedimiento previo. Declara la resolución que los supuestos despidos de ‘trabajadores’ son ilegales, desconociendo totalmente que las personas a las que se les suspendió el contrato por servicios prestados son pequeños comerciantes transportistas que, incluso, prestan ese mismo servicio a otras empresas y algunos de esos comerciantes laboran directamente para otras personas”, explicó la representante legal de LA PRENSA.
Por tal razón, nunca pudo haber despido ilegal en LA PRENSA de miembros de la junta directiva de un inexistente sindicato que lleva el nombre de Adolfo Hernández, pues ninguno de los 23 prestadores de servicios es trabajador de la empresa, hasta que así lo hace aparecer la Inspectoría Departamental del Trabajo de Managua Local I, por medio de la resolución Nº 34-10. “Ningún miembro ni trabajador activo permanente de Editorial LA PRENSA, S.A. conforma ese supuesto sindicato, mi representada al momento de cancelar los contratos por servicios profesionales desconocía de tal conformación sindical, por lo tanto a nadie se le está coartando libertad o autonomía sindical y su registro no puede producir efectos a terceros, puesto que no son trabajadores subordinados a un empleador”, indicó Padilla Cordero.
ACTA DE INSPECCIÓN INEXISTENTE
Padilla Cordero explicó que, de manera anómala, la resolución de la inspectora departamental, Isidora Barrera Rojas, se fundamenta en un acta de inspección especial inexistente, ya que no se notificó a las partes de esa acta, incluso la resolución se funda en declaraciones simuladas de los inspectores, quienes exponen que la representante legal de LA PRENSA, de forma verbal, declaró que se hicieron despidos de acuerdo al artículo 45 del Código Laboral.
“A LA PRENSA nunca se le dio intervención en el procedimiento. No se le permitió defenderse, promover incidente alguno, proponer pruebas. Se dejó totalmente en indefensión, y ahora la señora ministra del Trabajo (Jeannette Chávez), tal vez desconociendo esta actitud irresponsable de sus inspectores, hace declaraciones anunciando medidas y sanciones económicas”, destacó Padilla Cordero.
La asesora legal de LA PRENSA expresó que la Constitución Política de Nicaragua no da facultad a ningún funcionario público para querer imponer un modelo contractual en una empresa. “La libertad empresarial le permite a las empresas establecidas en Nicaragua tener su propia dinámica contractual en sus relaciones con otros comerciantes. Los inspectores (del Mitrab) no tienen competencia para, según sus consideraciones, pretender cambiar por medio de una resolución viciada las relaciones contractuales entre comerciantes”, sostuvo Padilla Cordero.
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