MÉXICO/ EFE
La tensión entre la Iglesia católica y defensores del Estado laico tras la aprobación de las bodas homosexuales en Ciudad de México se elevó ayer después de que el alcalde Marcelo Ebrard demandara por “daño moral” al cardenal Juan Sandoval, que le acusó de sobornar a magistrados del Supremo para validar la medida.
La demanda también fue interpuesta contra el portavoz de la Arquidiócesis Primada de México, Hugo Valdemar, quien había señalado esta semana que las leyes aprobadas en el Distrito Federal hacían más daño “que el narcotráfico”.
La situación arrancó en marzo pasado, cuando entraron en vigor las modificaciones del Código Civil del Distrito Federal que permiten las bodas entre personas del mismo sexo.
La constitucionalidad de tales bodas de parejas homosexuales quedó avalada por la Suprema Corte de la Nación (SJCN) el pasado 5 de agosto y el día 12 del mismo mes se determinó que todos los estados del país debían reconocer esos matrimonios celebrados en la capital.
El 15 de agosto detonó la polémica con el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez. La víspera de que la SCJN aprobara la constitucionalidad de las adopciones para las parejas de lesbianas y homosexuales, el cardenal expresó a la prensa que Ebrard y una serie de “organismos internacionales” habían “maiceado” (sobornado) a los magistrados para que aprobaran las bodas y las adopciones para parejas homosexuales. “No sé si a alguno de ustedes les gustaría que lo adoptaran un par de lesbianas o un par de maricones. Creo que no”, agregó entonces el cardenal, quien se refirió al Alto Tribunal como la “Suprema Decepción”.
El equipo legal del Distrito Federal solicita a los señalados una disculpa pública y que se retracten de dichos falsos y dolosos. Aunque fuentes de la Diócesis de Guadalajara han señalado que Sandoval no se retractará de sus palabras y que tiene pruebas que las respaldan.
Ebrard manifestó que “ninguna iglesia tiene derecho a imponer su filosofía particular y su moral especial al resto de la sociedad. Debe acatar y respetar las disposiciones de la representación política que nos hemos dado los mexicanos y de las instituciones del Estado”, añadió.
El alcalde considera que en la disputa está en juego “no sólo” la defensa de su honra y su prestigio, sino, además, “el principio histórico mexicano de separación entre la Iglesia y el Gobierno”, vigente en el país desde hace 150 años.
En defensa de la jerarquía eclesial se posicionó la asociación civil antiabortista Provida, que criticó a Ebrard y la forma de actuar de la mayoría de los magistrados del Alto Tribunal.
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