Después de haber sido derrotada la dicta dura somocista y luego de la traición del sandinismo a la revolución democrática que los nicaragüenses anhelaban, el gobierno totalitario que se estableció dividió profundamente a nuestra sociedad. Como consecuencia de ello, Ortega llevó al país a una cruenta guerra civil agravada por la alineación de su gobierno con la Unión Soviética, situación que empujó a los nicaragüenses a convertirse en peones del conflicto Este-Oeste, amenazando con ello la paz regional y afectando el desarrollo económico y social de Centroamérica.
Los conflictos armados en Nicaragua, El Salvador y Guatemala y sus efectos sobre Honduras y Costa Rica movilizaron a la Comunidad Internacional, surgiendo iniciativas como la de Contadora y su grupo de apoyo, Esquipulas I, y la atención de los principales organismos internacionales, así como de los propios presidentes centroamericanos, situación que los llevó a suscribir el “Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica”, comúnmente denominados como acuerdos de Esquipulas II.
Ortega como firmante de esos acuerdos, y otros que le siguieron, se obligó a garantizar una paz duradera, nunca una paz frágil y transitoria, sino una paz basada en una auténtica democracia con elecciones libres y efectivo Estado de Derecho.
Esquipulas II desarrolla el compromiso de un verdadero proceso democrático pluralista y participativo obligándose al perfeccionamiento constante de un sistema democrático representativo y a garantizar “el libre acceso de las diversas corrientes de opinión a procesos electorales honestos y periódicos, fundados en la plena observancia de los derechos ciudadanos”.
En complemento a los acuerdos internacionales se suscribieron una serie de acuerdos de orden nacional: Sapoá, Toncontín, e incluso el protocolo de transición o de transferencia del mando presidencial suscrito el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa, que corresponde destacar por comprometer al Ejército de Nicaragua al estar firmado por el General de Ejército, Humberto Ortega Saavedra, y que recuerda la obligación de consolidar la paz y la estabilidad duradera con el objetivo de servir para el fortalecimiento de proceso democrático en Nicaragua, basándose en “el pleno respeto al derecho, la Constitución Política de Nicaragua y las Leyes de la República”; debiendo “fortalecerse la integridad e independencia de los poderes del Estado”. Dentro de la interacción nacional e internacional dicho protocolo fue avalado por la OEA, la ONU y los mismos Estados Unidos.
En el ámbito centroamericano sus presidentes, incluyendo a Ortega, la definieron como región de paz, libertad, democracia y desarrollo, avanzando en diferentes cumbres hacia la constitución del Sistema de Integración Centroamericana, reafirmando constantemente su compromiso con la democracia, hasta llegar a suscribir el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, que para algunos instituye los valores ideológicos del proceso de integración. Este tratado que vincula jurídicamente a Nicaragua, en su artículo I establece que “El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se basa en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de Derecho; en la existencia de gobiernos electos por el sufragio universal libre y secreto y en el irrestricto respeto de todos los derechos humanos en los Estados que conforman la región centroamericana”, instaurando entre sus principios: “el Estado de Derecho, que comprende la supremacía del imperio de la ley, la existencia de la seguridad jurídica y el efectivo ejercicio de las libertades ciudadanas”.
El Tratado Marco recoge la experiencia histórica regional y sabiamente incorpora entre sus considerandos “Que aquellas situaciones que quebranten la paz y afecten la seguridad de cualesquiera de los Estados centroamericanos afectan también a todos los Estados de la región y sus habitantes”.
Todos los acuerdos, declaraciones, tratados y reformas constitucionales posteriores a mil novecientos noventa, que garantizan la Democracia y el Estado de Derecho, constituyen el núcleo fundamental del pacto democrático que permite a Nicaragua funcionar como sociedad e insertarse en el ámbito regional y proyectarse ante la Comunidad Internacional, constituyendo en su momento la llave que facilitó la generosa desmovilización de la Resistencia nicaragüense y la reducción e institucionalización de las Fuerzas Armadas.
El incumplimiento de Ortega a la esencia del pacto democrático, no sólo lo deslegitima como gobernante, sino que lo expone al desconocimiento de su investidura y obliga al accionar de los nicaragüenses, de los gobiernos centroamericanos y de las organizaciones internacionales a demandar la seguridad de Centroamérica. Ya que negarles nuevamente a los nicaragüenses la democracia, la libertad y el Estado de Derecho, pone en riesgo la paz regional alcanzada y haría retroceder a Centroamérica a la década perdida de confrontaciones e inseguridad. Condenándola a volver a sufrir situaciones que todos creímos superadas y que por ningún motivo debemos volver a permitir.
El autor es diputado por el Partido Liberal Constitucionalista y presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
