Sólo 363 morosos, de los 5 mil que solicitaron ante las instituciones de microfinanzas la reestructuración de sus deudas, se comprometieron a pagar sus créditos amparados en la Ley 716, conocida como Ley Moratoria, que aprobaron a inicios de este año 87 de los 92 diputados de la Asamblea Nacional, para favorecer al movimiento conocido como los No Pago.
- El directivo de Asomif, Alfredo Alaniz, comentó que la propuesta del movimiento No Pago, de que el Gobierno compre la cartera vencida por el orden de 25 millones de dólares a las microfinancieras y bancos, pondría fin a este conflicto que ya data desde hace dos años.
Los títulos serían emitidos y endosados a los fondeadores internacionales, a los que se les debe el dinero, añadió.
No obstante, Alaniz dijo que ve difícil que el Gobierno asuma la deuda de 25 millones que proponen los No Pago, porque incumpliría con los acuerdos económicos internacionales.
[/doap_box][doap_box title=»El costo» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
[/doap_box]
Ayer se venció el plazo que establecía la Ley 176 o de Establecimiento de condiciones básicas y de garantías para la renegociación de adeudos entre las instituciones microfinancieras y deudores en mora, para que los deudores se acercaran a reestructurar sus deudas.
Los resultados de la polémica ley fueron presentados ayer por el presidente de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), René Romero, quien señaló que en los primeros 30 días de vigencia de la Ley 716, unos 8 mil morosos solicitaron acogerse a ella, pero sólo 5 mil cumplían con los requisitos que estipulaba.
Al final sólo 363 se comprometieron a saldar sus deudas, de los cuales el 94 por ciento son clientes de la Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Acodep). Esta entidad financiera, afín al Gobierno de Daniel Ortega, fue la primera en acatar las condiciones de renegociación de las deudas de los morosos, que establecía la Ley Moratoria, la que al inicio era rechazada por diversos sectores económicos del país y organismos internacionales que aportan fondos para microcrédito.
Incluso, en cierto momento la junta directiva de Acodep se dividió en dos bandos, y uno de ellos acusaba al directivo Julio Paniagua de ser apadrinado por la esposa del presidente Daniel Ortega, Rosario Murillo.
Romero manifestó que los resultados finales de la ley indican que ésta no tuvo ningún efecto en la búsqueda de solución al conflicto que viven las microfinancieras, debido al grupo de productores que se niega a saldar sus deudas.
LOS MONTOS Y SU EVOLUCIÓN
Los 363 clientes que se comprometieron a pagar sus deudas representan 4.2 millones de dólares, es decir cerca del 50 por ciento de la cartera que representaban las 5 mil solicitudes recibidas y que cumplían con los términos de la Ley 716, cuyo monto era de 8 millones de dólares.
“De manera que la ley como tal no surtió ningún efecto, porque ha habido acuerdos bilaterales. Ahora que se vence la ley, es continuar buscando cómo recuperar la cartera. Necesitamos pagarle a nuestros acreedores y esa cartera en buena parte está en manos de los No Pago”, apuntó Romero.
Los directivos de Asomif estiman que el 50 por ciento de su cartera vencida está en manos de los No Pago.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 B