Carlos García, directivo de la Asamblea Nacional por Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), respaldó el planteamiento de dirigentes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), de derogar en la Asamblea Nacional el decreto 03-2010, como una salida a la crisis institucional que enfrenta el país, agravada por la ilegalidad con la que se pretende actuar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con la integración hoy de seis conjueces.
El decreto 03-2010, comúnmente llamado “decretazo”, es una ficción legal por medio de la cual se mantienen en sus cargos los funcionarios constitucionalmente electos, a pesar que sus periodos ya se vencieron.
- El diputado liberal Freddy Torres desmintió a su correligionario Félix Ocampo Obregón, conjuez que participó en la reunión convocada por la magistrada Alba Luz Ramos el pasado lunes en el Poder Judicial, quien dijo que la dirigencia del PLC no les prohibió asistir a la misma.
Señaló que la respuesta de Ocampo es que le hicieron un ofrecimiento de 50 mil dólares y el reintegro de un hermano al Ejército, de donde había sido dado de baja. Torres afirmó que de esa conversación fue testigo el magistrado de Apelaciones, Fabio Gussein.
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Aunque García expresó que no quería pronunciarse sobre la crisis en el Poder Judicial, por ser un Poder del Estado, el parlamentario indicó que su bancada está anuente a que se incluya la derogación del “decretazo” en la primera reunión de Junta Directiva que se realice al retornar del receso legislativo, previsto para el 16 de agosto.
El pasado lunes Wilfredo Navarro, directivo del PLC, destacó que la crisis institucional tiene dos salidas, la primera es la elección de los 25 cargos vacantes en los Poderes e instituciones del Estado, pero están conscientes que el partido de Gobierno no quiere que se efectúe la misma; y la segunda es la derogación del decretazo, donde obviamente necesitan el respaldo de ALN en la directiva y en el plenario.
CULPA DEL PLC
Sin embargo, Carlos García aprovechó para recordar que la actual crisis política es consecuencia del pacto establecido en 1999 entre Arnoldo Alemán del PLC y Daniel Ortega por el partido de Gobierno.
“Ésas son las consecuencias que estamos pagando los nicaragüenses de ese pacto en la que el PLC le cedió al Frente Sandinista cuotas de poder en las diferentes instituciones y Poderes del Estado”, observó García.
El parlamentario también criticó la débil actuación de los magistrados de tendencia liberal, al no tener una posición más férrea ante las ilegalidades que han cometido sus homólogos sandinistas en el Poder Judicial.
“Ésas son las cosas que nosotros vemos que hay un doble juego, un doble discurso, así como sacaron los sandinistas una resolución, diciendo que es válido el decreto, los liberales pudieron haber hecho lo mismo, desconociéndolo, pero lo que sacaron fue un comunicado que lo pudieron disfrazar al menos de declaración”, precisó García.
El representante de ALN también se pronunció por la instalación de un diálogo nacional, aspecto que en diversas ocasiones ha sido planteado por el PLC, pero sin obtener una respuesta positiva de parte del Frente Sandinista.
Dijo que en lo que respecta a ALN, van a mantener presión para que se proceda a la elección de los 25 funcionarios públicos y que se logre superar la crisis política, aunque estima que existen “intereses” que no se inclinan por esa salida.
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