
El movimiento de deudores conocido como de los No Pago incluirá en su propuesta al Gobierno un nueva opción para poner fin al conflicto que tienen con sus acreedores, que consiste en que el presidente Daniel Ortega solicite a las microfinancieras un plazo de 10 años para que los morosos paguen las deudas.
El representante del movimiento de deudores, Omar Vílchez, manifestó que si el Gobierno no quiere comprar la cartera de 16 millones de dólares en mora, que tienen unos 7,500 productores morosos, solicitarán que Ortega abogue ante las microfinancieras y bancos para que les den un plazo de 10 años para pagar esa deuda.
En esa década los morosos sólo pagarían los 16 millones de dólares y no los intereses.
FINANCIERAS CONTRA LA PARED
Vílchez advirtió que si las microfinancieras no ceden a la solicitud de los No Pago, “difícilmente” van a recuperar esos 16 millones que les prestaron, porque no van a pagar las altas tasas de interés.
El presidente de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), René Romero, dijo que ninguna propuesta que presente ese movimiento es “viable”.
Las microfinancieras han expresado su interés de que el Gobierno compre la cartera vencida, tal como proponen los morosos, pero rechazan la exoneración del pago de la mora, porque ese dinero ya lo deben a los acreedores internacionales.
Pero Vílchez dice que “no habría necesidad de que el Gobierno haga ningún desembolso, simplemente que el Estado sirva como garante ante las financieras para que la gente le vaya pagando a las microfinancieras a un plazo de 10 años”.
GUTIÉRREZ DEFIENDE LEY MORATORIA
El presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, negó que la Ley Especial para el Establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantías para la Renegociación de Adeudos entre las Instituciones de Microfinanzas y Deudores en Mora haya tenido poco efecto, tal como han dicho representantes de las microfinancieras y la empresa privada.
El diputado sandinista dijo que sin la aprobación de esa ley no se hubiese podido recuperar la estabilidad y confianza en el sector financiero, como ha ocurrido desde que entró en vigor.
Gutiérrez evitó pronunciarse sobre la nueva propuesta del movimiento No Pago, indicando que desconoce el contenido de la misma.
Señaló que en todo caso deberán ser funcionarios del Gobierno quienes emitan opiniones y evalúen la propuesta que presentará el movimiento de morosos el próximo jueves.
El legislador oficialista manifestó que esperan de la Superintendencia de Bancos un informe sobre el impacto que tuvo en el sector la Ley 716, Ley Especial para el Establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantías para la Renegociación de Adeudos entre las Instituciones de Microfinanzas y Deudores en Mora
El superintendente de Banco, Víctor Urcuyo, también evitó ayer pronunciarse sobre la propuesta de los morosos.
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