Los acusados por haber incurrido supuestamente en delitos contra el medio ambiente, en la finca Las Hamacas, ubicada en la comarca Cuajachillo, se presentaron con una manta y banderas rojo y negro al Juzgado Único Local de Mateare, donde estaba previsto el inicio de la audiencia del juicio oral y público.
El fiscal Frank Flores confirmó que el juez Pablo Bendaña decidió posponer la audiencia para el lunes, debido a que uno de los 29 acusados no se presentó. Es de destacar que entre el grupo de los acusados está el vicealcalde sandinista de Mateare, Benito Espinoza.
José Samuel Argueta Obando, uno de los acusados como supuestos coautores de varios delitos que van desde usurpación del dominio privado hasta el aprovechamiento ilegal de recursos naturales, y quien dijo es el presidente de la cooperativa Claudia Chamorro número dos, alegó: “Lo único que hemos hecho es preparación de tierras”.
Argueta Obando manifestó que los socios de la cooperativa han vivido en ese sitio, “prácticamente nuestra gente allí nació (…) allí nadie ha invadido”.
La propiedad es reclamada por la sociedad Recursos Naturales, representada por Frank Mena Marenco. Pero Argueta dijo que existe otro juicio por la vía civil en uno de los juzgados de Managua.
La Fiscalía señala en su acusación que entre septiembre del 2008 y agosto del 2009, el grupo armado con garrotes, machetes, morteros y armas de fuego hechizas, invadió la propiedad y construyó en lugares prohibidos; también incurrió en aprovechamiento ilegal de recursos naturales, incendios forestales, así como corte, transporte y comercio ilegal de madera, entre otros.
Argueta Obando alegó que Mena presentó ante las autoridades “una documentación errada, él tiene unos títulos de propiedad, pero son en los Filos de Cuajachillo, y la cooperativa está en los altos de San Andrés”. Además mostró un documento que asegura es “original” del Registro de la Propiedad.
El representante de la cooperativa en mención, después reconoció que los ocupantes de esas tierras son originarios de la comarca La Ceiba, a quienes “por derecho eso les pertenece a ellos, que ahorita el título de propiedad dice que es del Estado, es cierto, pero el Estado ha mandado de que todas las áreas que han estado en totalmente abandono que sean trabajadas”.
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