Después de recibir ayer la denuncia del especialista en derecho fiscal Julio Francisco Báez Cortés, por el cobro “ilegal e inconstitucional” que ha impuesto el Consejo Supremo Electoral (CSE) a la nueva cédula de identidad, el presidente de facto de la Contraloría General de la República (CGR), Guillermo Argüello Poessy, consideró que hoy el Consejo de Contralores deberá conocer la denuncia.
- El experto en derecho tributario Julio Francisco Báez Cortés considera que diputados, partidos políticos y organismos defensores de los derechos humanos, junto a la población en general, deben reaccionar y protestar por el cobro ilegal impuesto por el Consejo Supremo Electoral (CSE) a la nueva cédula de identidad.
Cualquier solución de ultratumba (que no suspenda el cobro), que emita el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, pondría en aprietos la institucionalidad del ente fiscalizador. No hay salida, hay temas discutibles en derecho, pero hay temas que son verdades absolutas inobjetables como ésta, enfatizó Báez.
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Sin embargo, Argüello advirtió que las decisiones de ese organismo no las toma él y “desgraciadamente en este momento este Consejo, su formación es un número par y cualquier decisión” necesita tres votos.
Argüello, quien aprovechó la visita de Báez para pedir el pronto nombramiento de los nuevos contralores, evitó referirse a la legalidad de los argumentos con que el especialista en derecho tributario sustenta su denuncia contra el cobro ilegal, impuesto a las nuevas cédulas, y los delitos que cometen los funcionarios del CSE responsables de instaurar ese cobro por la emisión del documento.
Argüello dijo que no opinaba para no implicarse en el caso.
“No puedo adelantar opinión. Si opino me descalifico. Vamos a ver qué dicen mis compañeros, pero yo he cumplido con mi obligación de recibir al licenciado Báez y mandé a tramitar la denuncia”, señaló el contralor de facto, a quien se le venció el período como contralor hace meses.
Báez Cortés dijo que el cobro, sin importar si es caro o barato, viola artículos de la Constitución, del Código Tributario, de la Ley de Administración y Régimen Presupuestario y de la Ley Anual de Presupuesto. También constituye un grave impedimento de hecho para el cumplimiento de una obligación del Estado, y condenaría a los ciudadanos a la muerte civil, explicó.
El experto asegura que no existe ninguna ley que permita al CSE establecer aranceles por los servicios que ofrece, ya que la supremacía constitucional de las reformas de 1995 estableció que sólo la Asamblea Nacional puede establecer aranceles.
“No es posible que millones de cédulas, como se ha dicho que van a expedir, por 300 córdobas cada una es una danza de millones que no podemos permitir y no podemos permitir quedar condenados a la muerte civil”, enfatizó Báez Cortés.
Al presentar la denuncia ofreció asistir a la sesión del Consejo de Contralores que se celebrará hoy, para “razonar la denuncia de manera ampliada”.
Si se lo permiten, pretende llegar con otros expertos tributaristas para que sea una exposición profesional de alto nivel. Al respecto, Argüello Poessy manifestó su anuencia y dijo que consultaría con el resto de contralores.
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