La denuncia de que cualquier arancel que el Consejo Supremo Electoral (CSE) establezca al proceso de sustitución de la antigua cédula de identidad por la moderna es inconstitucional, y que el funcionario que lo propicia comete delito, hecha por el especialista en temas fiscales, Julio Francisco Báez Cortés, arrancó la promesa del contralor de facto Guillermo Argüello Poessy, de que la Contraloría General de la República (CGR) cumplirá su obligación y revisará el caso.
- El magistrado de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, externó a través del oficialista boletín electrónico El 19 que las críticas hacia el proceso de sustitución de cédulas, expresadas por los medios independientes, forman parte de la campaña provocada por la insatisfacción que les provocan los avances del Gobierno. Creo que esto es una campaña de inseguridad, insatisfacción, a lo mejor porque no está gobernando la persona que ellos quisieran que gobernara.
En esa fecha Rivas Reyes y Hugo Castejón, consejero económico de la Embajada de España en Managua, firmaron el acuerdo de crédito. Castejón explicó que el proyecto incluía un elemento de donación implícita de un 50 por ciento del crédito, al igual que en la mayoría de los proyectos que financia España al Gobierno nicaragüense. En los últimos días Rivas se ha limitado a decir que el proceso de sustitución de cédulas se da gracias a un crédito por 5.7 millones de euros que otorgó España.
También ha dicho que antes de que finalice el 2011 esperan haber entregado entre 1.5 y 2 millones de cédulas que podrían generar entre 100 millones y 600 millones de córdobas en ingresos, según sea el cobro por cada cédula de 50 o 300 córdobas.
Sin embargo, el 5 de julio del 2007 Rivas, en un acto de clausura de capacitación a registradores, aseguró que la donación de 5.8 millones de euros otorgada por España para el proceso de modernización de la cédulas contempla el equipo y parte de la materia prima, pero hay otra parte que no está cubierta y es la que tenemos que ver cómo cubrimos con el presupuesto del próximo año, ya que el costo de la cédula anda por el orden de los 90 centavos dólar a un dólar, dijo Rivas en aquel momento, sin referirse nunca a un cobro por el documento de identidad.
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“Si es legal o no el cobro, tenga seguridad de que nosotros lo vamos a ver… Hasta ahora en la Contraloría no se ha abordado el tema. Nosotros no lo hemos analizado. Lo que podría hacer sería proponer a mis compañeros para que la dirección jurídica lo analice y determine si el cobro efectivamente violenta algún principio de la legalidad”, dijo al ser consultado a través de la vía telefónica.
Añadió que “respeta mucho la opinión del experto fiscal”, pero no puede aceptar ni refutar sus argumentos, ya que antes debe revisar las leyes que menciona, lo que no puede hacer durante los fines de semana, cuando permanece en su casa, donde no cuenta con los textos y documentos necesarios.
Báez Cortés argumenta que el CSE ha sustentado el cobro por la emisión de la nueva cédula de identidad en el artículo 36 de la Ley de Identificación Ciudadana, que está derogado desde 1995, por causa de las reformas constitucionales.
Y añade que el arancel impuesto viola los artículos 114 y 115 de la Constitución, el artículo 9 del Código Tributario y el artículo 57 de la Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario.
También señaló que al permitir estas violaciones no es la institución como tal la que comete delito, sino los funcionarios responsables de imponer el cobro, y que según el Código Penal son tres los delitos que se pueden aplicar en el caso.
El artículo 432 del Código Penal vigente establece el delito de abuso de autoridad o funciones, el cual consiste en que las autoridades y funcionarios públicos ordenan o cometen cualquier acto contrario a la Constitución Política. Se castiga con una pena de seis meses a dos años de prisión y la inhabilitación para ejercer el cargo o empleo público de seis meses a cuatro años.
El artículo 452 del Código Penal explica el delito de malversación de caudales públicos, y señala que se comete cuando la autoridad o funcionario público le da un destino diferente al que establece la ley a los recursos del Estado. La pena para este delito es de dos a cinco años de prisión e inhabilitación por el período, para ejercer cargo o empleo público.
Mientras que el artículo 455 establece las exacciones, que se producen cuando una autoridad o funcionario público, abusando de su cargo, exige o hace pagar derechos, tarifas, aranceles, impuestos, contribuciones, tasas o gravámenes inexistentes o en mayor cantidad a la que señala la ley. Se castiga con prisión de dos a seis años y la inhabilitación por el mismo período para ejercer cargo o empleo público.
Según Argüello Poessy, otras averiguaciones que deben hacerse son si la institución tiene los recursos necesarios para realizar el proceso y si el Estado le ha entregado esos recursos, porque son preguntas que no se puede contestar y tendrá que pedir la información al Poder Electoral. Porque si se pretende “establecer la gratuidad de la cédula”, habrá que darle los fondos suficientes al CSE para que pueda cumplir con su obligación, ya que la cédula tiene un costo.
Sin embargo, el contralor de facto considera que hoy “los que tienen necesidad de la cédula tienen dos caminos, por no decir tres. Comprar la cédula pagando lo que cobran por ella. No pagar y quedarse sin ella. O que los expertos fiscales hagan lo que deberían hacer, que es preparar una demanda para que se reclame la ilegalidad del cobro. Se puede hacer mediante un recurso de amparo y desde el inicio la sala puede ordenar la suspensión del acto y se acaba el cobro”, señaló.
Según el funcionario, la “ley da caminos adecuados para manifestar su oposición a quien no está de acuerdo con un cobro que considere ilegal. Pero sí es función de la Contraloría”.
ARGÜELLO HARÁ CAMBIO DE CÉDULA
Mientras la CGR determina si el cobro es ilegal, o si la institución no tiene competencia en el tema, como dicen en la mayoría de los casos últimamente, Argüello se alista para solicitar su cédula, pues afirma que prefiere hacerlo ahora y no en el 2012, cuando más de un millón de personas estarán haciendo fila para pedirla. Además, la CGR tiene previsto llegar a un acuerdo con el CSE para facilitar la cedulación de los 450 trabajadores de la institución.
Por su parte, Báez Cortés considera que la población en general es la que debe rebelarse ante la ilegalidad del cobro y buscar el apoyo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos para que los acompañen en sus demandas.
A la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, el cobro por la nueva cédula le parece “ilegal y desproporcionado”. Confirma que la institución está a la disposición de los ciudadanos que deseen reclamar por éste.
Pero le preocupa que nadie esté interesado en protestar, porque las constantes ilegalidades que cometen las autoridades junto a la falta de credibilidad que posee el sistema de justicia están llevando a la ciudadanía a “acostumbrarse a los atropellos institucionales”.
Núñez considera que, a pesar de la desconfianza en la justicia, la población debería protestar y acudir a las instancias que la ley le otorga, para evitar esta ilegalidad que viola el derecho de los que no tienen recursos a tener una identificación.
“No podemos seguir en esto, no podemos ser sólo los organismos de derechos humanos los que recurramos, mientras la población se mantiene pasiva. Es la población en forma masiva la que debe movilizarse a reclamar sus derechos, porque después lo que ocurre es que el Gobierno nos señala de estar haciendo oposición por hacerla. Eso no quiere decir que en un momento determinado nosotros no vayamos a recurrir de amparo, pero hay que tener en cuenta que los recursos sólo son efectivos para las personas que los interponen”, advierte Núñez.
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