Graves denuncias en contra de un oficial de la Policía, que aparentemente ejercía al mismo tiempo su profesión como abogado, realizó un prestamista que confirma haberlo contratado en recuperación de cartera y cobro de una empresa que dice está debidamente registrada.
Tras reclamar por algunas anomalías observadas, el prestamista denunció que el oficial ha promovido que algunos de sus deudores le abran causa por supuestos ilícitos.
Juan Francisco Valdés Ráudez, un granadino con ciudadanía estadounidense, denunció que Harold Arturo Rivera, con el grado de teniente, que trabaja en Asesoría Legal de la Policía, en las oficinas de Plaza El Sol, presuntamente autorizó documentos falsificando la firma de un ex “cliente” y hasta habría usado la identidad de un fallecido para trámites oscuros.
Valdés, quien también denunció el caso ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y Asuntos Internos de la Policía Nacional, aseguró que en octubre del año pasado, por recomendación de un agente policial ubicado en San Ramón, Matagalpa, contrató verbalmente a Rivera para que trabajara en el área de cartera y cobro administrativo de la empresa de Importaciones y Exportaciones Ráudez Valdés y compañía limitada, con sede en Managua.
La jefa de Relaciones Públicas de la Policía, comisionada mayor Vilma Reyes, confirmó que esa institución, a través de la Dirección de Asuntos Internos, realiza una investigación sobre el caso, por lo que prefirió esperar los resultados de la misma para referirse al tema.
Según las denuncias y copias de testimonios en poder de LA PRENSA, a las 11:50 a.m. del 12 de octubre de 2009, la notaria Martha del Socorro Rodríguez Rivas supuestamente elaboró un poder general judicial que Valdés otorgó a Rivera para que lo representara; sin embargo, el prestamista niega que haya comparecido y firmado la escritura ante la abogada, a quien identifica como “policía del área de criminalística en Carretera a Masaya”.
SE QUEDÓ CON LOS EXPEDIENTES
Valdés refirió que Rivera nunca le informó sobre los clientes morosos, quedándose con los expedientes y documentos originales sobre los préstamos que, según el denunciante, superan los 25 mil dólares.
De acuerdo con los documentos, a las 4:00 p.m. del 13 de marzo recién pasado, Rivera autorizó un poder general judicial que supuestamente Valdés otorgaba a la abogada María Alejandra Rayo Meza, de quien el prestamista dice que “era policía”.
Ese poder era para que Rayo representara a Valdés en “todos sus negocios y asuntos judiciales”, sin embargo el prestamista asegura que nunca compareció ante el teniente policial para otorgar el poder a favor de Rayo.
Asimismo, la documentación señala que a las 7:00 a.m. del 4 de mayo de 2010, Rivera habría autorizado un poder general de representación que supuestamente Roberth Aliz Ramírez Montoya otorgó a favor de Mery Ruth Dávila Orozco. Sin embargo, a esa fecha, el otorgante ya había fallecido.
Ramírez era un taxista que le debía a Valdés y para honrar la deuda dio en pago el taxi con placas M11051 al prestamista.
FALLECIÓ EN HOSPITAL CAPITALINO
A la 1:15 a.m. del 16 de febrero de este año, Ramírez falleció en el Hospital Roberto Calderón de Managua, debido a “una hemorragia pulmonar, perforación de intestino y padecimiento de neumonía” que sufrió durante un año, relata Verónica Carolina López Molinares, viuda del taxista, en una carta solicitando ayuda al departamento de obras sociales de la empresa de Valdés.
Por su parte, Dávila era la asistente de Valdés y, en una denuncia ante el Ministerio Público afirma que nunca compareció ante Rivera para aceptar el poder que supuestamente le otorgó Ramírez para que realizara trámites relacionados con el taxi ante el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua (Irtramma).
Walquiria Huete, abogada de la CPDH, señaló que de acuerdo a lo denunciado, el uniformado firma y sella las escrituras “cuando él es funcionario de la Policía, no está autorizado para emitir ningún tipo de escrituras, o trámites legales”.
La funcionaria de la CPDH dijo que el caso es investigado por ese organismo y “desgraciadamente” en el caso aparentemente están involucrados varios miembros de la Policía.
“Estamos dejando que la Policía haga sus respectivas investigaciones, ya hay una denuncia en Asuntos Internos, hay una solicitud de investigación”, sostuvo Huete.
LE ALLANAN LA CASA
El denunciante informó a la CPDH que el pasado 16 de julio fue citado “a la Comisaría (de la Mujer), que no entiendo por qué a la Comisaría del departamento de Matagalpa, para el 19 de julio, él no se presentó entonces su casa fue cateada”.
Según el denunciante no había orden judicial, dijo Huete.
La funcionaria de la CPDH dijo que el denunciante indicó que “él sabe bien a qué se está enfrentando, que es policía, pero que sí él confía que se van a realizar las investigaciones correspondientes”.
Según lo dicho por Valdés en la CPDH, en poder del oficial Rivera aún están una computadora, “una cantidad de dinero bastante alta” y otras escrituras, que aparentemente el uniformado se rehúsa a regresar.
DENUNCIA PRESIONES
Valdés Ráudez sostuvo que ahora hay policías y familiares de éstos que supuestamente recibieron préstamos y ahora lo han denunciado por usura, delito que rechaza asegurando que trabaja de acuerdo con las leyes de la materia.
“La Policía Nacional ( ) se pone a apoyar a estos dichos clientes morosos que me están acusando por usura”, dice Valdés, identificando entre los denunciantes a la esposa “de un subcomisionado de nombre Freddy, secretario de la jefa de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional”.
En su denuncia en la CPDH Valdés menciona también que en varias ocasiones Rivera les habría dicho a él y a su asistente Mery Ruth Dávila Orozco que “no le colectáramos a un deudor” cuyo nombre también aparece en la denuncia de ese organismo, porque su hermana era una comisionada mayor con cargo en la Dirección de Control de Armas, Explosivos y Municiones de la Policía, cuyo nombre también fue proporcionado en Asuntos Internos. Y señala que “también el deudor ha amenazado a mi asistente y a mi persona”.
Valdés dijo ante la CPDH que a su criterio se trata de una red de abogados policías que estarían “abusando de su uniforme de policía”, según éste para “defraudar y romper todos los derechos que tenemos como ciudadanos y dañar mi imagen como empresario y persona”.
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