CORRESPONSAL/ GRANADA.- La investigación por el caso de supuesta venta de concesión para meter un bus en el corredor Granada-El Rayo sigue en veremos, a pesar que ya pasó más de un mes que salió a luz la acusación que hicieron dos personas contra el concejal liberal Jaime Ramírez, quien fungía como presidente de la Comisión de Transporte del Concejo Municipal.
La acusación la hicieron los hermanos José Hernaldo y Rosa Zeneida Márquez Aguirre, ambos habitantes de la comunidad El Rayo y dueños de la unidad de transporte.
Ellos dijeron que entregaron 30 mil córdobas al abogado José René Mayorga, supuestamente a petición del concejal Ramírez, para que les entregaran a cambio el permiso de funcionamiento de la unidad de transporte.
“El concejal Ramírez me llamó por teléfono y me dijo que teníamos que entregar 30 mil guapotes (córdobas) para que me aprobaran el permiso de operación del bus y al preguntarle sobre que me quería decir con eso, me aclaró que eran 30 mil córdobas lo que pedían todos los concejales”, dijo Márquez a LA PRENSA recientemente.
- La concejal liberal Carla Canales, quien fue nombrada presidenta interina de la Comisión de Transporte del Concejo en Granada, dijo que han salido a luz otras irregularidades y citó el caso de un señor de apellido Briceño quien denunció que le quitaron su permiso de operación de un taxi para dárselo a otra persona, a pesar que tiene escritura de venta.
[/doap_box]
Finalmente el permiso fue aprobado, tras el pago de los 30 mil córdobas, pero un mes después a los hermanos Márquez Aguirre les indicaron que estaba vencido porque éste sólo era válido por 30 días.
Esto motivó a los afectados a denunciar el caso y recientemente les volvieron a renovar el permiso de operación. Actualmente la ruta está funcionando, lo que ha creado un conflicto porque el concesionario que tenía la zona Granada-El Diamante (pegado a la comunidad El Rayo) se quejó de que le están invadiendo ese corredor.
Por su parte, Ramírez sigue sosteniendo que la acusación es falsa, que se trata de un chantaje y niega tener algo que ver con el abogado Mayorga.
Mientras se realiza la investigación sobre esta denuncia, el concejal liberal fue separado de su cargo como presidente de la Comisión de Transporte del Concejo.
COMISIÓN ATADA DE MANOS
La concejal liberal Carla Canales, quien fue nombrada presidenta interina de la Comisión de Transporte del Concejo, tras la denuncia el pasado 17 de junio, trabaja la investigación junto a la concejal sandinista Margarita Molina.
[imported_image_34812]
Este fin de semana lamentó que no han logrado reunir los expedientes y asegura que se han perdido las actas de la comisión de transporte del año en curso.
“El problema es serio, aún no hemos tenido acceso a los expedientes porque el director de la oficina de transporte está de subsidio, pero lo peor es que se perdieron las actas de la comisión de transporte de este año”, dijo Canales.
Explicó que en la sesión anterior metieron esa queja ante el Concejo ya que no estaban las actas del 2009, a partir de junio. “Pero Jaime (Ramírez) me las entregó el jueves de la semana pasada y ahora faltan todas las del 2010, en eso estamos, tratando de ordenar la documentación”, sostuvo.
Canales dijo que ha solicitado por escrito al alcalde Eulogio Mejía la entrega de los expedientes, pero aún no le han respondido.
Explicó que tiene en su poder el recibo de los 30 mil córdobas que pagaron los afectados, pero no está firmado por Jaime Ramírez, sino por el abogado Mayorga.
Ver en la versión impresa las páginas: 7 A
