Las autoridades de la Alcaldía de Managua y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) se resistieron a ofrecer una explicación sobre la contratación de la presunta irregularmente constituida compañía Servicios de Protección y Vigilancia S.A. (El Goliat), pero en la Contraloría General de la República (CGR) tienen las cosas claras.
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- La Alcaldesa designada de Managua, Daysi Torres, confesó vía telefónica: “No sé nada”. Aseguró brevemente que no podían controlar a las empresas porque eran compañía privadas, cuando se le preguntó sobre los controles que ellos tienen a la hora de firmar contratos con compañías como El Goliat.
En cambio, el presidente de Enatrel, Salvador Mansell Castrillo, un incondicional de la pareja presidencial, fue más diplomático. Nuevamente repitió el argumento de que estaba ocupado y que hasta mañana (hoy miércoles) atendería llamadas para hablar de ese tema.
El Goliat se ha ganado millonarios contratos en el Estado desde el año pasado. Los contratos suman 2.72 millones de dólares.
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El presidente de facto de la institución, Guillermo Argüello Poessy, quien había renunciado el pasado 22 de junio a una investigación tras una serie de reportajes de LA PRENSA, puso ayer en duda la versión de unos campesinos que señalaron que nunca comparecieron ante un notario para formar la cuestionada sociedad anónima, tal como revelan los documentos en un caso que ha provocado estupor entre los viejos dirigentes revolucionarios.
Evelio Salgado Castro y Rufino Valle Zelaya son empleados de José Mojica Mejía, colaborador cercano del Presidente de la República, Daniel Ortega, y laboran en su finca San Martín, ubicada en el municipio El Tuma-La Dalia, en Matagalpa.
Según la escritura pública número 26, pactada el 29 de noviembre de 2008 en Managua, los campesinos comparecieron para formar El Goliat, ocupando el primero el puesto de vicepresidente y el segundo de secretario.
Sin embargo Salgado Castro y Valle Zelaya negaron conocer al notario David Antonio Larios Álvarez, de 34 años, quien al ser consultado por LA PRENSA dijo que no se acordaba.
Argüello Poessy recordó el compromiso del notario con la fe pública, pero acto seguido cuestionó a los campesinos a los que incluso invitó a los tribunales para que acusaran a Mojica Mejía si se sentían agraviados.
“El notario debe saber quiénes son los comparecientes. Si se cometió el delito, cualquiera puede denunciarlo en la Fiscalía, por qué no le decís a ellos (los campesinos) que vayan a denunciar. Está de por medio la fe del notario, ellos comparecieron y ahora se están haciendo los locos. Si lo dice el notario es verdad mientras no se demuestre lo contrario en un tribunal”, defendió vía telefónica Argüello Poessy.
El ex Procurador General de la República, Alberto Novoa Espinoza, señaló que con las actuaciones del notario se habría cometido el delito de “falsedad ideológica”, claramente establecido en el Código Penal.
“Hay una simulación. Es un acto que contraviene el espíritu de la ley”, dijo el jurista al ser consultado sobre el caso.
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