Antenor Rosales, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), nuevamente quedó fuera y al parecer ni siquiera fue consultado sobre una decisión del Gobierno que afecta las finanzas del país, al incrementar el endeudamiento público, y que de acuerdo con las normas legales debió contar con su aval.
“Yo solamente he leído los informes periodísticos”, sostuvo Rosales, al admitir que desconoce los alcances del Memorándum de Entendimiento suscrito entre la Empresa Portuaria Nacional (EPN) y dos empresas de Corea del Sur para la construir de un puerto en el Atlántico.
El desconocimiento y aprobación de este contrato de parte del Consejo Directivo del BCN implicaría una violación a la Ley 477, Ley General de Deuda Pública.
Esta Ley en el Capítulo VI refiere los procedimientos a seguir para “el Endeudamiento Público de Mediano y Largo Plazo, su autorización, en el inicio de gestiones, negociación y contratación”.
El artículo 45 establece que el Banco Central debe previamente emitir un “dictamen técnico” sobre la viabilidad del contrato a adquirir el Estado. LA PRENSA buscó a Virgilio Silva, presidente ejecutivo de la EPN, pero se negó a conversar con este medio.
“No le puedo dar ninguna información porque la vez pasada me tergiversaron todo lo que uno planteó, me disculpa… en su momento va a salir una notita”, dijo Silva vía telefónica.
Rosales recordó que Nicaragua al ser parte de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), está sujeto a “un marco” a seguir para adquirir nuevas deudas públicas.
Aunque Rosales espera que el tema no represente un nuevo revés con el Fondo Monetario Internacional (FMI), reconoció que debe revisarse dicho documento, a fin de confirmar que se ajuste a los parámetros.
“Recuérdese —dijo— que nosotros tenemos que actuar, como país pobre muy endeudado (formamos parte de esa iniciativa conocida como HIPC), las deudas que Nicaragua pueda asumir deben ser estrictamente concesionales y el porcentaje de concesionalidad que se debe adquirir para un crédito por parte de Nicaragua debe alcanzar no menos del 35 por ciento”.
“Entonces todo lo que se haga debe ser bajo ese marco”, enfatizó Rosales, expresando que los funcionarios públicos lo conocen y por tanto deben “actuar en consecuencia”. La obra portuaria está valorada en 500 millones de dólares.
El memorándum fue suscrito por Virgilio Silva en representación de la República de Nicaragua, el 5 de julio de 2010, con Wan Sun Ryu, representante de Corea del Sur para Centroamérica y el Caribe, en nombre de las dos empresas de ese país, la Dongmreong Engineering Consultant & Architecture Co. Ltd. (DMEC) e Investiment Finance Co. Ltd.
A estas empresas se les dio la concesión del diseño y construcción del puerto en el Atlántico.
Pero el proyecto ha recibido críticas de diputados y sector privado entre otras cosas, porque el costo establecido supera los 300 millones de dólares en que estaba valorado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
El contrato establece que el Gobierno de Nicaragua una vez finalizado el proyecto, comenzará a pagar a las empresas surcoreanas en plazos trimestrales hasta cancelar la deuda.
Las cantidades estarán “de acuerdo a un 7 por ciento de tasa de interés de retorno, 3 por ciento de seguro de inversión y premium de riesgo, y 2 por ciento de administración y supervisión del proyecto”.
Al no haber emitido el BCN un dictamen técnico sobre el proyecto, está en duda que esas condiciones se rijan con la Ley General de Deuda Pública.
El artículo 45 de la Ley, establece que cuando se trate de contratación de financiamiento externo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público “deberá pedir al Banco Central un dictamen técnico que señale el grado de concesionalidad del nuevo endeudamiento, las implicancias tanto en el servicio como en el saldo de la Deuda Pública Externa y el impacto en los indicadores de la sostenibilidad de la misma”.
Asimismo, en la nueva Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua aprobada ayer por la Asamblea Nacional, se ratifican las facultades de la institución sobre el registro, control y pago de las deudas del Estado.
A DEFINIR CON FMI
Por otra parte, Rosales espera que al haberse cumplido los compromisos suscritos con el Fondo Monetario en el actual programa económico, no haya problemas para que se den la cuarta y quinta revisión del mismo.
Con la aprobación de la Ley Antifraude y la Ley Orgánica del Banco Central, el país cumple con la agenda complementaria con el FMI.
Aunque entre los pendientes de parte del Gobierno está presentar al FMI el informe sobre las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y una propuesta dirigida a garantizar la sostenibilidad del pago de las pensiones.
Esto se entregará en agosto cuando está previsto llegue la misión del FMI. Entonces igual el Gobierno hará un planteamiento técnico sobre el bono solidario entregado a los trabajadores públicos, sin afectar el presupuesto.
Hoy en Honduras, los presidentes de bancos centrales se reunirán con el subdirector gerente y presidente interino del Directorio del FMI, Murilo Portugal.
Esta oportunidad Rosales la aprovechará para abordar con Portugal las condiciones en que se darán las dos últimas revisiones, porque el organismo está pidiendo que les presenten el presupuesto del 2011 como condición para discutir la extensión de un año del programa.
“Vamos a ir resolviendo aquellos puntos de vista que todavía no coinciden, tanto de parte del Fondo Monetario como del Gobierno de Nicaragua”, expresó.
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