Las dos propuestas que están planteadas entre magistrados sandinistas y liberales para dar solución a la crisis interna que enfrenta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) parecen destinadas al fracaso, porque los orteguistas exigen que los ex magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra se mantengan en sus cargos, lo cual rechazan los liberales.
La primera de las propuestas fue anunciada este lunes por la magistrada Alba Luz Ramos, primera vocal de la CSJ, y se trata de resolver un recurso por conflicto de competencia entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, para determinar si el presidente Daniel Ortega estaba facultado o no para emitir el decreto con el cual se mantienen en sus cargos todas las autoridades de poderes e instituciones del Estado a quienes se les vence su período este año.
Y la segunda propuesta, confirmada ayer por la magistrada Ramos, de que si falla mañana jueves la primera opción, inmediatamente se estudiará otro proyecto de sentencia en el que se pronuncie la CSJ, aceptando la validez del segundo párrafo del alegado artículo constitucional 201 por parte de los sandinistas.
Este artículo establecía en 1987 que: “Los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral y las demás autoridades y funcionarios de los diversos poderes continuarán en el ejercicio de sus cargos mientras no tomen posesión quienes deben sustituirlos de acuerdo a la Constitución”.
Para la oposición, el artículo 201 de la Constitución era transitorio y, por tanto, ya no tiene vigencia, máxime que tiene mucho tiempo el segundo párrafo de no aparecer en las ediciones de la Carta Magna, lo que para los sandinistas sólo ha sido un
error de las imprentas.
Una fuente ligada a los magistrados liberales indicó que éstos no van a permitir o avalar que Solís y Cuadra se mantengan en sus cargos, por lo que se teme que este próximo jueves no haya solución a la crisis de la CSJ.
El diputado liberal José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia en la Asamblea Nacional, indicó que en el parlamento el Frente Sandinista no ha mostrado voluntad de nombrar a los nuevos funcionarios, aunque la oposición siempre ha estado anuente al diálogo.
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