La construcción del puerto en la región Atlántico Sur, que el Gobierno concedería a dos empresas surcoreanas, excede en 200 millones de dólares el valor que presentó al inicio el ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), Pablo Martínez, a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos del Poder Legislativo.
Freddy Torres, diputado liberal y miembro de esa Comisión, aseguró que en una reunión con el titular del MTI “nos había dicho que valía 300 millones de dólares hacer ese puerto”.
“Me causa estupor y sorpresa que ahora de repente sale valiendo 500 millones (de dólares). Creo que el Presidente (Daniel Ortega) por mucho que ande firmando cosas, no va a lograr el consenso en la Comisión porque vemos excesivo el precio”, comentó Torres.
- Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista en el parlamento, defendió la validez del memorando sobre el nuevo puerto, afirmando que ha sido el mismo procedimiento en otros proyectos.
Deberíamos estar contentos y no buscándole pelos a la sopa, de que en Nicaragua al fin podamos tener un puerto en el Atlántico, señaló Castro.
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El memorando de intención para realizar la obra fue firmado por el presidente de la Empresa Portuaria Nacional, Virgilio Silva, en representación de la República de Nicaragua; y por el representante en Centroamérica y el Caribe de las dos empresas de Corea del Sur (Dongmreong Engineering Consultant y Architecture Co. Ltd.), Wan Sun Ryu.
Ese acuerdo provocaría que la deuda pública de Nicaragua aumente porque el memorando indica que el Gobierno asumirá el pago de los costos de la construcción cuando entre en operación el puerto.
Según Torres, “existen elementos oscuros y severas desconfianzas” sobre el proyecto, porque se cuestiona si las dos empresas surcoreanas tienen la capacidad financiera para realizar la obra.
SEÑALAN ILEGALIDADES
El diputado del Partido Liberal Constitucionalista y presidente de la Comisión de Infraestructura, Eliseo Núñez Hernández, afirmó que “no tiene ninguna validez” el documento suscrito por el director de la Portuaria porque no tendría el funcionario “facultades legales”.
“En este momento la Portuaria no existe, en el sentido que carece de Ley Orgánica que la cree (está pendiente de aprobación)”, afirmó.
Al existir este vacío jurídico, el memorando debió firmarlo el presidente de la República”, explicó Núñez.
Señaló que al tener que aprobar la Asamblea este proyecto, deberán revisar los procesos para otorgar la construcción del puerto, porque al parecer tampoco hubo licitación pública.
COSEP PIDE TRANSPARENCIA
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, afirmó que la empresa privada desconoce por completo las negociaciones o acuerdos que puede haber hecho el Gobierno para la construcción de este puerto y recalcó que debe hacerse de forma transparente.
Recordó que ningún acuerdo puede hacerse con privados sobre este tema porque la Ley de Puertos sólo permite la inversión del Estado. Actualmente hay un anteproyecto para reformar esa ley, y el sector privado espera que se le dé trámite pronto.
“Nosotros lo que queremos es que aquí haya inversión pública y privada, no que halla sólo inversión pública; es importante en ese sentido que se abran oportunidades para que los privados podamos participar de esos procesos, no amarrarlo de una sola vez al Gobierno”, enfatizó Aguerri.
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