Mientras la Contraloría General de la República (CGR) se aprestó rápidamente para ejecutar una auditoría en la municipalidad de Boaco, luego de la destitución del alcalde liberal Hugo Barquero, en Managua no concluye una auditoría que inició en los primeros meses del 2009 y que ni siquiera es sobre la actual administración, sino la de Dionisio Marenco.
Mientras tanto, la CGR tiene pendiente nueve denuncias por corrupción que penden sobre la Administración orteguista de la comuna capitalina.
- La Contraloría General de la República (CGR) también tiene en su poder los informes sobre el trabajo que realiza la Dirección de Auditoría Interna de la Alcaldía de Managua.
De los procesos iniciados, ocho corresponden a revisiones sobre manejos administrativos y financieros hechos en el 2010 y otras siete auditorías se hicieron en el 2009 y corresponden a revisiones de proyectos o direcciones municipales.
De los resultados de las 15 auditorías internas, que aún no tienen el visto bueno de la Contraloría ni el sello oficial, en 11 se reportan debilidades en el control interno. Y en otras cuatro se reportan presunciones por perjuicios económicos.
Las mayores pérdidas económicas de la municipalidad se registran en los servicios de operaciones de caja ejecutados por la Administración del Cementerio General, en el período de enero del 2008 a agosto del 2009, cuando se registró un perjuicio económico de 14.5 millones de córdobas, según señaló el auditor interno.
OTROS POSIBLES PERJUICIOS ECONÓMICOS
Otro de los casos donde se reporta un posible perjuicio económico de un millón 109 mil córdobas es en la auditoría especial practicada en el Distrito Dos de la Alcaldía de Managua, relacionada con la ejecución de proyectos de obras menores entre enero y diciembre del 2007.
También se reportó un posible perjuicio económico entre los 949 mil córdobas y 1.5 millones de córdobas que saldrían de las arcas registradas en la caja de la Corporación Municipal de Mercados de Managua (Commema) del Mercado Israel Lewites, en el período de abril a mayo del 2009.
Pérdidas económicas, de unos 164 mil córdobas, también se registran en el cementerio La Puerta del Cielo.
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De acuerdo con el presidente de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, una nueva auditoría sobre las acusaciones de malos manejos y falta de transparencia en la ejecución del presupuesto 2009 y en la aprobación del presupuesto 2010, por parte de la actual Administración orteguista de Managua, tendrá que esperar más tiempo.
De acuerdo con datos de la CGR, a inicios del 2009 se empezó una auditoría sobre los dos últimos años del gobierno municipal del sandinista Dionisio Marenco, y a pesar de que debió concluir en agosto del 2009, aún no está lista.
“Mientras no se concluya la auditoría que iniciamos (A Marenco) no podemos iniciar una nueva auditoría de esta Administración” dijo Argüello.
“Hubo una ampliación sobre la auditoría que se inició (sobre los ingresos y egresos del 2007 y 2008), y por eso aún no se concluye, pero ya se está en la parte del trabajo”, indicó Arguello Poessy, quien insistió que en cuanto se concluya la auditoría pendiente se iniciará la nueva fiscalización sobre la actual Administración.
Según indicó el departamento de auditorías municipales, la demora en la auditoría sobre la Administración municipal se debe a que se amplió su alcance para revisar los préstamos personales de Alexis Argüello (q.e.p.d.) mientras fue vicealcalde de Managua.
LAS DENUNCIAS Y LA EXCUSA
Desde que la Administración orteguista llegó al poder en enero del 2009, luego del fraude en las elecciones municipales del 2008, en la Contraloría han llovido las denuncias.
Desde el 19 de enero de ese mismo año, la Dirección de Denuncias Ciudadana de la CGR registró una denuncia porque Alexis Argüello supuestamente cometió actos irregulares en el ejercicio de sus funciones al solicitar un préstamo personal mientras era vicealcalde.
En ese mismo mes, llegó otra denuncia porque la Administración orteguista violó la Ley de contrataciones municipales al aprobar la adjudicación de más de 160 millones de córdobas sin licitación y sin cumplir con lo establecido por la mencionada Ley.
El 13 de marzo de 2009, la CGR recibió otra denuncia por irregularidades en el manejo del Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua (Irtramma).
De acuerdo con el documento entregado por los concejales del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en ese entonces, el Irtramma realizó prácticas anómalas en el proceso de otorgamiento de las concesiones de placas para taxis.
El 19 de mayo de 2009, además, el ente fiscalizador recibió denuncias por supuesta mala ejecución o irregularidades en la ejecución de 13 proyectos que fueron ejecutados bajo la modalidad de contratación directa.
Según esa denuncia, que fue interpuesta por el concejal conservador Luciano García, la Administración orteguista abultó los precios de las obras y minimizó el alcance de los proyectos.
El 11 de enero de este año, los concejales del Movimiento Vamos con Eduardo llegaron hasta la CGR y denunciaron múltiples anomalías en la ejecución del presupuesto del 2009.
Según dijo en su momento el liberal Ricardo Obando, la Administración orteguista no reportó los gastos en tiempo y forma, modificó de hecho cambios presupuestarios sin el visto bueno de los concejales y no rindió cuentas.
Tres días después, es decir el 14 de enero de 2010, el concejal liberal Leonel Teller también llegó a denunciar a la Administración orteguista por las anomalías en la ejecución del presupuesto 2009 y solicitó una auditoría completa del caso. Teller también pidió la anulación del presupuesto municipal del 2010, porque no se cumplió el procedimiento de ley para su aprobación.
El 26 de enero llegó otra denuncia por el pago adelantado de dietas entregadas a varios concejales de Managua.
El 25 de mayo también hubo denuncias por irregularidades en la ejecución del proyecto de adoquinado en el barrio Hugo Chávez. El 14 de junio se acusó a la Administración por irregularidades en el revestimiento asfáltico de Villa Revolución.
“El problema es que no tenemos los recursos para hacer todo lo que deberíamos hacer”, dijo Argüello Poessy para justificar por qué no se hacen auditorías para fiscalizar las denuncias en Managua y en otras alcaldías del país.
Según dijo Argüello Poessy, la CGR requiere de al menos 171 millones 757 mil córdobas para “fiscalizar lo que debe”, pero en este año cuenta con 131 millones.
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