Esta semana la agenda de aprobación de leyes en la Asamblea Nacional está dominada por los temas necesarios para que Nicaragua se evite problemas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que el Gobierno discutirá pronto las últimas revisiones al cumplimiento del programa macroeconómico.
Hoy martes, según la agenda del día, los legisladores discutirán y aprobarán la nueva Ley del Banco Central de Nicaragua (BCN), que supone un cambio en su marco de funcionamiento al otorgar mayor independencia al Consejo Directivo y a su presidente en el manejo de la política económica del país.
Wilfredo Navarro, diputado liberal y primer secretario de la junta directiva del parlamento, dijo que “esta ley ya cuenta con el consenso de todas las bancadas y por tanto debe pasar sin complicaciones”.
- Para mañana 14 de julio está previsto que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) discuta y revise el Artículo IV del programa macroeconómico de Nicaragua.
El Gobierno presentará un ajuste de las proyecciones de crecimiento económico del año, estimado en 2.6 por ciento, y del comportamiento de las exportaciones, remesas y demás rubros.
Esta etapa es previa a la que hará el directorio del FMI, de la cuarta y quinta revisión del programa previstas para finales de este mes de julio.
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La Ley del Banco Central y la reforma a la Ley Antifraude Energético son parte de la agenda complementaria entre Nicaragua y el FMI, que deben estar listas para que se den la cuarta y quinta revisión del programa, previstas para finales de julio.
Sin embargo, en el parlamento podrían ocurrir problemas con la reforma a la Ley 661, o Ley Antifraude Energético, porque hay descontento en las bancadas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), porque vendría a ampliar la acción penal a los usuarios del servicio de energía eléctrica que sean acusados de fraude energético.
ESA LEY ESTÁ EN PELIGRO
Uno que no la respalda es el diputado Navarro, quien incluso dijo que “esta ley peligra no terminar de aprobarse” en esta semana, “porque no se puede castigar con cárcel a los usuarios y premiar a la distribuidora (de energía) que no ha cumplido con sus inversiones y da un mal servicio”.
La reforma contempla ampliar el rango de cobertura de la Ley 661, para que los usuarios del sector energético que tienen consumos de 500 kilovatios hora mes puedan ser sujetos de inspecciones, sanciones penales y multas, de comprobarse que sustraen energía de forma ilegal.
Supone otorgarle mayores facultades legales a la empresa Gas Natural, que administra las empresas distribuidoras Disnorte-Dissur, para perseguir a los usuarios que consumen más de los 500 kilovatios hora mes y cometan sustracción de energía de forma ilegal.
“Aquí hay diferencias claras, porque se quiere encarcelar a la gente y yo no comparto esto. Está discutiéndose todavía en la bancada el tema”, afirmó Navarro.
Dijo que el respaldo a la reforma dependerá del resultado del análisis de cumplimiento del plan de inversión del servicio eléctrico de Gas Natural, “en donde hay muchas quejas”.
Sostuvo el legislador que independiente que la ley sea un compromiso con el FMI, “debe tomarse el tiempo para evitar perjudicar al usuario, porque lo importante es que se mejore el servicio”.
“Eso es una especie de chantaje, porque siempre que el Gobierno quiere que los diputados les aprobemos una ley de este tipo, dicen que es una condición con el Fondo Monetario. Lo sensato es revisarla bien”, dijo
¿CAMBIO DE SEÑA?
Agustín Jarquín, diputado aliado de la bancada del gobernante Frente Sandinista (FSLN) por la Convergencia Nacional, dijo que “hay en general la voluntad” de respaldar la reforma a la Ley Antifraude.
Jarquín señaló que las bancadas representadas en la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos el jueves pasado alcanzaron un acuerdo en ese sentido, pues se logró “un conocimiento a detalle del plan de inversiones para mejorar el servicio de energía eléctrica de parte de la distribuidora”.
“No sé si cambió después del jueves, porque una vez conocido el plan de inversiones que se ha analizado, entre los diputados hubo en general la voluntad de pasar la reforma”, afirmó Jarquín.
Freddy Torres, también diputado liberal, dijo que él apoya la reforma como está planteada. Sin embargo, trabajan en una moción para el plenario, dirigida “a establecer mecanismos que sancionen la falta de inversión, a la cual está obligada la distribuidora, cuando no la ejecute de acuerdo al compromiso”.
“Vamos a ponerle un candado a la empresa. Estamos hablando en la Comisión en cómo serán efectivamente esas sanciones”, dijo Torres.
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