La VIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional llegó a su fin ayer, no sin antes ser utilizada como tribuna por el diputado sandinista Edwin Castro, para enumerar los “logros” del gobierno de Daniel Ortega ante representantes de poderes judiciales de 15 países.
Los magistrados extranjeros estuvieron en Managua durante tres días, para discutir la forma en que las Constituciones pueden tutelar los derechos sociales, económicos y culturales de los ciudadanos.
Elisa Pérez Vera, magistrada del Tribunal Constitucional de España, destacó que la Conferencia sirvió para hacer una “llamada de atención a todos los poderes públicos que le presten atención a derechos de los ciudadanos”.
Pérez Vera destacó que uno de los obstáculos para unificar criterios durante la Conferencia fue que todos los países tienen sistemas jurídicos diferentes, y fue necesario llegar a conclusiones muy generales.
La Conferencia fue empañada por jueces y magistrados sandinistas, porque leyeron un pronunciamiento político, pero la magistrada Pérez Vera dijo que aparte de ese incidente “todo estuvo bien”.
El diputado Castro, a diferencia de los jueces y magistrados sandinistas, sí estaba incluido como orador en la agenda, pero aprovechó su intervención únicamente para “maquillar” la imagen del gobierno del presidente Ortega.
CONTRA ESTADOS UNIDOS
Por su parte el magistrado Francisco Rosales utilizó su participación para arremeter en contra de los Estados Unidos, al que acusó de no preocuparse de la ecología mundial, aunque en el evento se discutían asuntos jurídicos.
La VIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional contó con la participación de magistrados judiciales de Portugal, España, Andorra, Chile, Perú y Uruguay, entre otros.
En las afueras del hotel Barceló Managua, sede del evento, se apostaron nuevamente jóvenes que protestaron en contra de las violaciones a la Constitución que realiza el orteguismo.
Los jóvenes portaban pancartas pidiendo a los ex magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra que abandonen los cargos que usurpan desde que se les vencieron sus períodos, en abril pasado.
Un cordón policial se mantuvo en la entrada al hotel capitalino, para evitar la entrada de manifestantes.
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