Los familiares de los dos hombres que perdieron la vida dentro de una camioneta que fue arrollada por un furgón la tarde del 30 de junio, en el kilómetro 47 de la carretera Nagarote-León, denunciaron un supuesto soborno a los policías de tránsito para beneficiar al conductor del cabezal.
Vilma Jarquín, madre de Adonis Antonio Rueda Jarquín, de 18 años, uno de los muertos y quien dejó a su esposa embarazada; y Aracelly Silva, esposa de Francisco Ariel López Méndez, de 32 años, otro de los occisos, señalaron que el croquis levantado por la Policía de Tránsito de La Paz Centro y León “tenía muchos vacíos”.
También argumentaron que el caso nunca llegó al Ministerio Público y que el conductor del camión quedó libre 24 horas después de la tragedia.
Manifiestan que los policías que investigaron el caso nunca tomaron en cuenta a los diez testigos presenciales, entre ellos algunos que iban pasando en sus vehículos y a pie.
Según las denunciantes, el reclamo lo hicieron ante el comisionado Claudio Cortez, jefe de la Policía de La Paz Centro, quien se extrañó del caso y les aseguró que él no firmó ningún documento de libertad del conductor de la rastra.
Las quejosas señalaron que tienen los resultados investigativos de los Bomberos de León, quienes sacaron los cadáveres de la chatarra en que quedó convertida la camioneta, y dijeron que éstos manifestaron que fue el cabezal el que invadió el carril donde rodaba la camioneta.
Las parientes de las víctimas hicieron el reclamo al comisionado Yamil Gutiérrez, quien es uno de los jefes de la Policía de León, y supuestamente les prometió rehacer el croquis del accidente presuntamente a cambio de que no pongan la denuncia por soborno.
Jarquín, madre de una de las víctimas fallecidas, indicó que uno de los trabajadores del transportista señaló que supuestamente la familia de éste entregó 20 mil dólares a la Policía para que saliera libre.
Ayer no se pudo localizar al comisionado Cortez, pues en su teléfono celular no había espacio para el buzón de voz.
Mientras al comisionado Gutiérrez se le dejó referencias a su secretaria y tampoco regresó la llamada al número que se le dejó.
Según las demandantes, Cortez dijo no estar autorizado para entregarles copia del expediente investigativo, porque el caso está cerrado.
Las denunciantes aseguraron que buscarán la forma de ser atendidas por la primera comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía. Ayer la vocera policial, Vilma Reyes, dijo que hoy las atendería.
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