Directivos de la empresa Disnorte-Dissur de Gas Natural finalmente entregaron a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional un informe sobre el plan de inversiones de la empresa, estipulado tras la firma del Protocolo de Entendimiento con el Gobierno en el 2008 y ratificado por el Parlamento.
Este informe fue solicitado por los diputados como “requisito previo” para aprobar en el plenario las reformas a la Ley 661, conocida como Ley Antifraude, proyecto que el Gobierno propuso para ampliar la cobertura de la legislación —que contempla multas y penas de cárcel— a los usuarios que consumen más de 200 kilovatios de energía al mes y que sustraigan energía ilegalmente. Actualmente la ley se aplica para aquellos que consumen 500 kilovatios o más.
Los diputados analizarán detalladamente la documentación presentada por el gerente de Comunicación de Gas Natural Jorge Katín, quien explicó que el flujo de inversiones que la empresa se comprometió es de 32 millones de dólares , pero estima que al final se llegaría a los 39 millones de dólares.
Se espera que la reforma a la Ley 661, ya dictaminado favorablemente, pase a discusión del plenario legislativo la próxima semana. Los diputados habían dicho que, si Gas Natural no presentaba un informe sobre sus inversiones, la discusión sería hasta en agosto.
El diputado sandinista Edwin Castro, vicepresidente de la comisión, dijo que es importante aprobar las reformas a la Ley Antifraude, para bajar los índices de robo de energía.
Freddy Torres, diputado liberal, indicó que la bancada del PLC está apoyando estas reformas para que Gas Natural tenga los ingresos suficientes para pagar la energía que compra a las empresas generadoras y luego distribuye.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A
