WASHINGTON/ EFE
El Gobierno de Estados Unidos demandó ayer al estado de Arizona por su nueva ley antiinmigrante, que permite a la Policía detener a personas bajo sospecha de estar indocumentadas, y pidió a un juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor.
La acción legal se añade a otras cinco demandas ya presentadas por particulares y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, que intentan acabar con una ley que ha vuelto a colocar el tema migratorio en el centro del debate político en el país.
El argumento principal usado por el Departamento de Justicia es que la norma, que entraría en vigor el 29 de julio, viola la Constitución estadounidense pues con ella Arizona se ha adjudicado competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal. El Gobierno alertó que la ley resultará en el “acoso y la detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que no puedan demostrar inmediatamente su situación legal”. Además, le obligará a dedicar más recursos a procesar a las personas arrestadas por la Policía de Arizona bajo sospecha de estar indocumentadas, argumentó.
Eso desviará la atención de la lucha contra el terrorismo, las drogas y las pandillas, lo que perjudicará “la seguridad de todo el país”, destacó el fiscal general, Eric Holder.
La norma convierte en delito menor en Arizona la presencia de una persona en Estados Unidos sin un permiso legal, lo que autoriza a la Policía a pedir los papeles y detener a quienes sospeche que son indocumentados.
Los dos senadores republicanos de ese estado, Jon Kyl y John McCain, criticaron la decisión del Departamento de Justicia en un comunicado conjunto.
De igual manera, la oposición también viene de algunos demócratas del estado, incluida la legisladora Ann Kirkpatrick.
Obama ha dicho que la ley está “mal concebida” y ha alertado de que puede dar lugar a discriminación contra los inmigrantes.
Es un argumento con el que coinciden los grupos de defensa de los derechos civiles, que sostienen que la norma dará poder a los agentes para arrestar a personas, en particular hispanas, simplemente por su apariencia o su acento.
La demanda incluye declaraciones por escrito de los jefes de policía de Phoenix y Tucson, las mayores ciudades de Arizona, en las que advierten de que la ley les obligará a reducir el número de agentes asignados a investigar crímenes violentos y robos.
La ley ha sido rechazada por los países latinoamericanos y especialmente México, que se ha sumado con un escrito de apoyo a una de las demandas.
Por su parte, la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, que firmó la normativa el 23 de abril, ha pedido a los tribunales que desestimen las demandas porque se basan en “suposiciones” y en casos de discriminación que no han ocurrido.
En Arizona residen unos 460,000 inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos.
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