CARACAS/ EFE
El partido opositor venezolano Democracia Renovadora (DR) pidió ayer a la Fiscalía que solicite al Supremo un juicio por traición a la patria contra el presidente del país, Hugo Chávez, por el hallazgo de alimentos caducos o podridos importados por el Estado.
Para el dirigente de DR, Pablo Medina, la pérdida de toneladas de alimentos supone un “descomunal hecho de traición a la patria y crimen de lesa humanidad”. “Fue Chávez quien ordenó que (la estatal Petróleos de Venezuela, S.A.) PDVSA se convirtiera en una empresa importadora de alimentos, y por eso venimos a solicitar” un proceso judicial en su contra, expresó a periodistas a las afueras de la Fiscalía.
En las importaciones de alimentos efectuadas por Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), una filial de PDVSA, también participó la ministra cubana de Comercio, Bárbara Castillo, contra quien también debería actuar la justicia venezolana, agregó. Medina pidió a la Fiscalía “resguardar los bienes de la República” gestionando el embargo de los bienes de todos los involucrados, entre ellos los titulares de PDVSA y PDVAL, incluido el ex presidente de esta última instancia, Enrique Pulido, quien ya se encuentra detenido.
El presidente de PDVSA y ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, ha destacado que fue el mismo Gobierno el que denunció el asunto y que la oposición busca sacar provecho del tema, de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre.
No se ha establecido aún si los alimentos importados fueron adquiridos ya caducos o si se dañaron en las bodegas del puerto del noroeste del país donde fueron almacenados y hallados el mes pasado.
Otro partido opositor, Un Nuevo Tiempo (UNT), también denunció a Chávez ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por traición a la patria el pasado 29 de abril, lo mismo que a “todo el alto mando militar” venezolano, denuncia que aún no es respondida por el TSJ.
El entonces el secretario ejecutivo de UNT, Enrique Ochoa Antich, manifestó que los cubanos han tomado “el control” de las principales instituciones castrenses del país.
Ver en la versión impresa las páginas: 9 A
