Desde enero de este año la crisis de estado de Nicaragua se ha ido profundizando, en gran parte por no elegir a los altos cargos que le toca a la Asamblea Nacional seleccionar con el voto calificado del 60 por ciento de los diputados, o 56 parlamentarios. Utilizando como pretexto la tesis que la oposición tenía como objetivo crear un caos en la nación, el presidente Ortega emitió su “decretazo” extendiendo indefinidamente a las 25 personas que ocupaban esos cargos en la Procuraduría de Derechos Humanos, la Superintendencia de Bancos, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y el Consejo Supremo Electoral.
Este Decreto 03-2010 era, y es, ilegal. Pero, además, era innecesario porque no había tal crisis, ya que a comienzos de enero, cuando el Presidente lo emitió, sólo a un funcionario —el Procurador de Derechos Humanos— se le había vencido su período.
Con el pasar del tiempo el período de otros altos cargos se ha ido venciendo. Y aunque una comisión especial en la Asamblea Nacional se ha pronunciado sobre cuales candidatos propuestos por el Ejecutivo y los diputados llenan los requisitos para desempeñar estos cargos, el plenario no ha sido llamado a proceder a la votación de estos candidatos. Esto a pesar que los dos principales bloques de la oposición —el PLC y el MVE/PLI/BDN— han designado a sus equipos negociadores para reunirse con sus interlocutores del FSLN para acordar los nombramientos a estos cargos. Estas negociaciones son obligadas porque ni la oposición ni las bancadas oficialistas cuentan con los 56 votos requeridos constitucionalmente para el nombramiento de estos personajes.
Hasta la fecha, el danielismo se ha negado a iniciar estas negociaciones. Como consecuencia de esta falta de voluntad, se ha creado la percepción nacional e internacionalmente de que el país está empantanado en un impasse, que es inoperante y que está cayendo en el caos que el comandante Ortega acusó a la oposición de crear. Esto acarrea grandes costos económicos y sociales para la nación.
Es cierto que algunos nombramientos —los de los magistrados propietarios y suplentes del CSE— representan un “clavo” especialmente difícil de resolver para los diputados. Estos cargos son cruciales para la bienandanza de nuestra democracia y para la legitimidad de las personas electas por sufragio popular directo —incluyendo el propio Presidente—. Pero es igualmente cierto que los otros nombramientos se podrían hacer, conforme a la Constitución y hasta de manera relativamente expedita, si hubiera la voluntad política de destrabarlos.
Hay un adagio chino que reza que todo camino largo y arduo comienza tomando los primeros pasos. Mi propuesta es que acojamos este sabio consejo y que los diputados procedamos a elegir primero a los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, poder en donde la crisis es especialmente visible y perjudicial para la nación. Con la voluntad política, estos nombramientos podrían darse, incluso antes del receso parlamentario del 15 de julio.
Con este ejercicio, el país tendría un cierto alivio, y podría renacer un poco de optimismo el “commodity” más escaso en la Nicaragua de hoy. Esta elección no sólo podría comenzar a aquietar la tensión, radicalización e intolerancia en que Nicaragua ha caído, sino que podría comenzar a sentar las bases para una normalización de los otros poderes e instituciones.
Continuar sin elegir, quedarnos con los brazos cruzados, por otro lado, profundizaría la polarización y pasión que reina en la clase política nicaragüense y que está hasta lastimando el prestigio personal de algunos de sus más destacados actores. Continuar con la inacción acentuaría a la crisis en que nos encontramos y nos acercaría a consecuencias potencialmente calamitosas para el país. Eso sería no sólo irresponsable. Sería inmoral.
Vamos presidente Ortega, por el bien de Nicaragua ¡elijamos, pues!
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