Después de siete meses, la Asamblea Nacional mandó a La Gaceta la Ley 708, de amnistía para el misionero católico Alberto Boschi, para que se publique en los primeros días de la semana que viene.
Víctor Hugo Tinoco, diputado del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), dijo que quien ha retenido la publicación de la ley es la Presidencia de la República, ya que consta que los autógrafos (contenido de la Ley 708) fueron recibidos el 24 de noviembre del 2009, pero pasaron los 15 días que manda la ley y el Presidente no la vetó ni la mandó a publicar.
Sin embargo, el diputado Maximino Rodríguez, presidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, dijo que es cierto que el Presidente de la República tiene 15 días para mandar a publicar o vetar una ley, pero si no lo hace, el presidente de la Asamblea Nacional tiene la obligación de ordenar la publicación.
“Creo que quien está fallando es la Primera Secretaría, porque es la que lleva el control de las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional y por supuesto tiene que saber cómo se pronuncia el Ejecutivo, así que quien quedó muy mal es la Primera Secretaría”, señaló Rodríguez.
Rodríguez advirtió que casos como éste son peligrosos, porque aparentemente no le se está dando seguimiento a las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. “Es peligroso, porque si no lleva el control quién sabe cuantas leyes aprobadas están sin publicar y la Secretaría no se da cuenta”.
El diputado Wilfredo Navarro, primer secretario de la Asamblea Nacional, dijo que fue la Presidencia la que nunca le devolvió las auténticas para acelerar el trámite.
“Lo que hice fue elaborar unos nuevos autógrafos, ya los firmé, los firmó el presidente de la Asamblea y ya se mandaron a La Gaceta… Hicimos unos nuevos y pusimos la razón de que no fue rechazada por el Presidente y transcurrió el tiempo; la mandamos a publicar nosotros hoy (ayer) en la mañana”, aseguró Navarro.
El primer secretario de la Asamblea también dijo que con el retraso de ocho meses no hay ninguna afectación. “A veces se atrasan, en realidad a los diputados que promovieron esto también se les fue, pero no afecta en nada”, aseguró Navarro.
Sin embargo, Boschi ha manifestado temor de ser apresado en cualquier momento debida a esa falla en la Asamblea Nacional.
“Boschi tiene miedo porque aquí te pueden echar preso por cualquier cosa, aquí estamos con la vida en un hilo. Dijeron que iban a echar presos a los diputados, que tenemos inmunidad, ahora qué menos le puede pasar a un pobre cristiano; aquí la seguridad jurídica se perdió”, manifestó Navarro.
Tinoco dijo que la actitud del Presidente, al retener la ley de amnistía para Boschi, refleja la lógica del Gobierno de bloquear las cosas que no le gustan. “La ley sirve sólo cuando le conviene, si no, la desconoce, la archiva; eso es lo que ha pasado”.
RECURSO DE REVISIÓN
En cuanto a la cancelación de la ciudadanía nicaragüense de Boschi, Alberto Novoa, ex procurador de justicia y abogado de Boschi, dijo que aún no han recibido copia del documento en que indican las razones por las cuales le quitaron la nacionalidad. Por tanto, introducirán un recurso de revisión ante el Ministerio de Gobernación, “porque se nos ha negado la copia o certificado de la resolución”.
“A Boschi se le ha negado el derecho a la defensa, sin forma ni figura de juicio le han quitado la nacionalidad, ha sido víctima de una represalia de orden estrictamente político y han ocupado la parte jurídica para dañarlo”, afirmó Novoa.
El ex procurador aseguró que desde el punto de vista legal van a dar la batalla, para que se mantenga la nacionalidad, “no para recuperarla, porque no la ha perdido, sino para que se mantenga y se respete el marco legal”.
Novoa conoció de las razones de la cancelación de la ciudadanía por los medios de comunicación, y aseguró que en el artículo 17 de la Ley de Ciudadanía no hay ninguna causal que sea aplicable a Alberto Boschi.
Novoa señaló que otras de las arbitrariedades que cometieron contra el misionero fue el retiro de la cédula de identidad. “La autoridad migratoria no tiene autoridad para retirar la cédula, en todo caso sería el Consejo Supremo Electoral a través del Departamento de Cedulación, pero no la autoridad policiaca o migratoria”.
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