GRANADA Y MANAGUA
El Obispo de la Diócesis de Granada y Matagalpa, monseñor Jorge Solórzano Pérez, calificó de grave remover de su cargo a una persona electa por el pueblo e hizo un llamado a la Policía Nacional a actuar con profesionalismo en los sucesos de Boaco, donde los orteguistas pretenden arrebatar el cargo de alcalde electo por el voto popular al doctor Hugo Barquero Rodríguez.
“Remover de su cargo a una persona elegida legítimamente por el pueblo es una responsabilidad muy grave, y quienes consideren que hay causa justa para esta acción, están obligados al cumplimiento del debido proceso que pruebe de manera irrefutable, clara y transparente los cargos imputados, de lo contrario es gravísimo el daño que se causa al Estado de Derecho y a la institucionalidad del país”, dice parte de la exhortación pastoral leída ayer por Solórzano.
Respecto al actuar de la Policía Nacional, durante la lectura de una exhortación pastoral leída ayer en una conferencia de prensa en Granada, dijo: “No podemos por intereses partidarios o personales dañar una institución como la Policía y también la Policía debe respetar las leyes y actuar con profesionalismo”.
En la conferencia fue acompañado por los monseñores Marcial Guzmán, Canciller de la Diócesis de Granada, y Raúl Ruiz, Vicario General de la Diócesis. Los tres religiosos comparten la esperanza de que la situación de Boaco se resuelva en el marco de la caridad, la ley y el orden.
Solórzano, como Obispo de la Diócesis, que también comprende los departamentos de Boaco y Rivas, comparte junto al Consejo de Presbíteros la preocupación por los sucesos en Boaco y llama a conservar la calma, a mantenerse todos dentro del respeto a la ley.
Además, llamó a evitar toda confrontación, insultos y violencia, esto ante la noticia de que hay gente armada con machetes para defender la voluntad popular en la elección del alcalde Barquero.
El religioso invitó a los políticos a imponer la paz sobre intereses personales, egoístas y partidarios, y buscar el bien común del pueblo, tras la posición de algunos alcaldes no sandinistas que han cedido espacios al partido de gobierno.
Según el alcalde Hugo Barquero, las pretensiones de sacarlo del cargo fue por no aceptar imposiciones del partido gubernamental, como lo han hecho otros. “Pienso que debemos desistir de imponer intereses mezquinos y egoístas de personas y partidos por encima del bien común, los políticos tienen que trabajar por el bien común, no por sus propios intereses”, reiteró Solórzano.
ANPDH: ORTEGA CERCENA LA CONSTITUCIÓN
Para la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), con la destitución de alcaldes en diferentes municipios del país, “el Gobierno está demoliendo la institución y a la vez cercenando la Constitución Política”, todo con el afán de la reelección del presidente Daniel Ortega.
Ese organismo de derechos humanos señala que “es un derecho constitucional elegir y ser electo”, y el 9 de noviembre del 2008 fueron electos los alcaldes de Nicaragua a través del sufragio, y mediante el cual “el pueblo eligió lo que quería”.
En un informe correspondiente al primer semestre del año, la ANPDH, cuyo presidente de la junta directiva es el Obispo de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata, expresa preocupación porque en el presente año han sido destituidos el Alcalde de Dolores, Carazo; el Alcalde y Vicealcaldesa de Ciudad Sandino, Roberto Somoza y Juana Cuarezma, respectivamente; en Wiwilí, Nueva Segovia, fue destituido el alcalde Octavio Ramos y el primer concejal Antonio Talavera, y están tratando de sacar al alcalde de Boaco, Hugo Barquero.
“Es lamentable que el Gobierno use todo tipo de estrategias ilegales para atropellar la institucionalidad de Nicaragua, así como lo hace con el Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional”, dice la ANPDH.
En dicho informe, la ANPDH hace un análisis de la situación actual en el país, en la que también menciona la pasividad demostrada por la Policía Nacional en los diferentes hechos que han terminado en violencia y actos vandálicos y “que deja en entredicho a una estructura que dócilmente acude a los dictados del presidente Daniel Ortega”.
Sobre la situación política y jurídica del país, considera ese organismo, que desde 2008 los nicaragüenses “venimos sufriendo las constantes agresiones a la Constitución Política por el gobierno de turno”, con el fraude electoral.
Pero “el núcleo de estos problemas” han sido las pretensiones de reelección de Daniel Ortega, por medio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la que actualmente estima está “en una posición desastrosa entre lo legal y lo arbitrario”. A esto le agrega el decreto emitido por Ortega, que prolonga los períodos de los magistrados de los poderes Judicial y Electoral, por lo que considera que “el Gobierno vulnera cada vez más el Estado de Derecho del pueblo”.
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