La “colecta” orteguista de tránsfugas a través de chantajes y regalías, las destituciones de autoridades municipales electas y la legislación injerencista sobre las propias funciones de los gobiernos municipales ha provocado que el gobernante Frente Sandinista se quede, por el momento, con 115 de las 153 alcaldías del país, si es que no le ganan la batalla al alcalde liberal de Boaco, Hugo Barquero.
En las elecciones municipales del 2004, el sandinismo estaba presente en los gobiernos locales de 87 alcaldías. Con el fraude electoral del 2008 y el denunciado en las elecciones regionales del 2009, el oficialismo se anotó en su cuenta 109 alcaldías, cifra que aumenta a 115 si se toma en cuenta que seis alcaldes electos bajo la bandera opositora se han cruzado al oficialismo.
Junto a los alcaldes, unos 56 concejales opositores también se cambiaron “de sombrero”.
A un lado se han quedado los 38 gobiernos locales, de tendencia política opositora, que aún no ceden a la maquinaria orteguista.
Además de los tránsfugas, en las últimas semanas el alcalde sandinista de Dolores, Yader Ramos; el vicealcalde sandinista de Jinotepe, Leonel Rojas; el alcalde liberal de Wiwilí, Octavio Ramos; y los sandinistas alcalde y vicealcaldesa de Ciudad Sandino, Roberto Somoza y Juana Cuarezma, respectivamente, fueron destituidos sin respetar los requerimientos de la Ley 40, de Municipios.
SITUACIÓN EMPEORARÁ
Entre más autonomía municipal haya, mayor será el castigo. Esa es la lectura que el secretario ejecutivo de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, Omar Treminio, hace sobre la política del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que está usando toda clase de artimañas y leguleyadas para apoderarse del control de los municipios.
“Y toda esa coacción, amenazas para ganarse supuestos adeptos públicamente, las destituciones de alcaldes, vicealcaldes y concejales y la asignación de nuevas funciones a los vicealcaldes son sólo una parte de lo que hace el oficialismo en precampaña. Ahora que el proceso electoral entre de lleno, toda esta violación a las leyes y a la voluntad de la población van a empeorar, porque quieren garantizarse el tendido electoral”, valoró el secretario de la Red que ya lleva más de 16 años de trabajar con las municipalidades del país.
A juicio de Treminio, la maquinaria sandinista no se detiene ni siquiera para respetar la integridad de sus propios militantes, ya que la vicealcaldesa de Moyogalpa, Ana Auxiliadora Saballos, fue obligada a permanecer en su puesto a pesar de haber renunciado públicamente. Saballos funge en la silla, luego que el presidente ejecutivo del Fondo de Inversión Social de Emergencias (FISE), Nelson Artola, llegara hasta esa zona y así lo decidiera.
“Una vicealcaldesa quiere renunciar y tiene sus motivos para hacerlo, pero llega un enviado del partido gobernante y le niegan su derecho. Es una completa arbitrariedad en contra de la dignidad de esta persona (vicealcaldesa Saballos)”, valoró.
ESTRATEGIA ES VIEJA
Desde finales del 2008 el orteguismo ha estado en una férrea campaña por dominar las municipalidades y empezó por el descabezamiento de la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic). En ese momento, el ahora ex alcalde Dionisio Marenco era el presidente de Amunic y fue removido de su puesto sin razón legal para ser sustituido temporalmente por la entonces alcaldesa sandinista de Tola, Loida García.
Posteriormente, en agosto del 2009, el alcalde sandinista de Matagalpa, Sadrach Zeledón, fue electo de dedo como presidente de Amunic, sin convocar a una asamblea general, como mandan los estatutos de esa entidad. Ahora, Amunic no se pronuncia en los temas relacionados a la problemática de las alcaldías.
La campaña contra la autonomía municipal arreció a finales del 2009, cuando empezó la “cuenta regresiva” para 56 concejales y 6 alcaldes que aparecieron públicamente apoyando el “nuevo modelo del Poder Ciudadano”. Eso, a parte de la cifra de los destituidos y del lineamiento político de la Secretaría sandinista de atribuir diez nuevas funciones a los vicealcaldes.
Tras los cambios hay chantajes, amenazas o simplemente regalías, como las que le ofrecieron al recién destituido alcalde de Wiwilí, Octavio Ramos.
“Mi destitución se ejecutó de manera ilegal desde el 28 de mayo. Ya tengo un recurso en el Tribunal de Apelaciones, en el Consejo Electoral y en la Comisión de Población (de la Asamblea Nacional). Todo el problema inició en enero, cuando personeros del Frente me ofrecieron proyectos al municipio a cambio de que trabajara con su Poder Ciudadano, pero dije que no porque yo respeto a las personas que me eligieron. Luego, me llamaron para decirme que renunciara y que me iban a entregar dos millones de córdobas, pero yo no acepté”, indicó Ramos.
A pesar de las anomalías, ninguna institución se atreve a tomar medidas concretas para defender a los restituidos.
Hace dos semanas, la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios de la Asamblea Nacional indicó que iniciaría una investigación sobre los casos de los destituidos. Después de eso, no ha ocurrido nada.
“Nosotros estamos esperando a que el Consejo Supremo Electoral nos emita los expedientes de los destituidos y los casos de los que, en sustitución, fueron juramentados, pero llevamos trece días esperando (ayer miércoles 23 de junio) y aún no nos envían nada”, dijo el presidente de la comisión parlamentaria de municipios, Agustín Jarquín, aliado del orteguismo.
LA PRENSA también se contactó con el Consejo Electoral, para solicitar el listado oficial de los funcionarios municipales que han sido juramentados en sustitución de los que fueron destituidos arbitrariamente. Sin embargo, el vocero, Félix Navarrete, prometió la información y posteriormente no contestó las llamadas de solicitud.
Jairo Luna, miembro del proyecto electoral del Instituto para la Democracia (Ipade), indicó que esa institución también analiza las repercusiones de los cambios en las estructuras municipales de Gobierno.
Hasta la fecha, el Ipade maneja un compendio en el que se establece el estado político que gobierna en las alcaldías, donde en el 2010 hay 115 alcaldes que responden al sandinismo. En el 2004, la cifra era de 87.
La inestabilidad en las alcaldías ha provocado mayores conflictos. La Policía Nacional y los mismos tribunales de apelaciones también se han hecho al lado de los desestabilizadores.
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