Les tocó esperar más de una hora y, sin embargo, nadie los recibió. Ayer un pequeño grupo de adultos mayores, pertenecientes a la Asociación de Jubilados José Benito Escobar, marcharon hacia la casa del presidente Daniel Ortega, que también funciona como despacho presidencial, para solicitar una audiencia con el mandatario.
La marcha tenía como objetivo solicitar que el Ejecutivo presione a Roberto López, presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), para que éste haga efectivo el pago de las pensiones de vejez reducidas a todos los jubilados que no lograron completar las 750 semanas de cotizaciones, según indica el artículo 49 de la Ley de Seguridad Social.
“Queremos hablar con el señor Ortega, porque nosotros hemos metido varias cartas a (Roberto) López y este señor no ha querido ni contestarnos, ni recibirnos y creo que esto es injusto, porque se les está violentando los derechos humanos a todas las personas que verdaderamente quieren llegar a un diálogo”, indicó el señor Denis Morales Cano, presidente de la asociación, quien asegura que han estado presionando sobre el tema, desde que López asumió el control de esa cartera.
BAJO EL SOL
Durante la caminata, los adultos mayores se encontraron con un cordón de policías, que con vallas les impidieron el paso. Aunque uno de los agentes policiales les aseguró que una representación de la asociación sería recibida, pero al final ocurrió lo mismo que hace varias semanas: se quedaron esperando.
Socorro Martínez fue otra ciudadana que tuvo que esperar. Recostada sobre la valla que le impedía el paso y sosteniendo un cartel, con el que exigía el pago de una pensión como remuneración por todo el sudor de su juventud, explicó que muchas de sus colillas se las dieron por perdidas y que por tal razón el INSS se niega a pagarle su jubilación.
“Aquí andamos, porque usted sabe que uno necesita de su dinero, que lo estuvo recogiendo durante su juventud para la vejez y ahora no nos lo quieren dar”, manifestó Martínez, quien dice haber trabajado durante 15 años para el Ministerio de Comercio y luego en la Embajada de Cuba. Esta mujer tiene ahora 57 años y sufre de diabetes, hipertensión y artritis, razón por la que desde hace cinco años solicitó su pensión por enfermedad.
Luego de una hora, doña Socorro esperaba paciente en la calle junto al resto de abuelos, cuyas necesidades económicas no pueden esperar a que el INSS decida pagarles la pensión.
“Uno tiene que buscar cómo sobrevivir, porque si no se muere de hambre; yo hago nacatamales, hago pupusas y así medio me mantengo”, señaló Martínez.
Félix Pedro Reyes tiene 70 años y una fractura en la cadera, que sufrió mientras trabajaba en construcción. Según él logró acumular aproximadamente 700 cotizaciones, pero tampoco recibe su pensión.
“Esto es injusto, es pesado para todos nosotros, porque hay personas que no tienen quién les dé algo, después que dejaron su vida en el trabajo”, indicó.
TAMBIÉN NIEGAN PENSIÓN POR INVALIDEZ
Otra de las quejas del grupo de adultos mayores, es que el INSS también está negando de manera arbitraria las pensiones por invalidez que reciben algunos jubilados, cuando ya no pueden continuar trabajando a causa de algún accidente o una enfermedad crónica.
Tomás Arnulfo Vado es un claro ejemplo de ello: a sus 54 años tiene una fractura en la columna y además tiene un tumor en la cabeza. Según dijo, desde hace nueve meses no recibe la pensión de 2,220 córdobas que le otorgaba el Seguro Social.
“Ahora dicen que tengo que estar llevando los exámenes médicos actualizados y aunque el INSS tiene la obligación de mandármelos a hacer a las (clínicas) previsionales, me manda a hacerlos a los hospitales públicos y ahí le dan cita a uno hasta en tres o cuatro meses”, se quejó Vado.
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