GUATEMALA/AFP
Sectores sociales y políticos de Guatemala responsabilizan de la crisis institucional al presidente Álvaro Colom, por nombrar como Fiscal general a alguien supuestamente vinculado al crimen organizado, lo que provocó la renuncia del comisionado de la ONU para combatir la impunidad.
“Definitivamente hay una responsabilidad compartida del presidente Colom porque él eligió al fiscal general Conrado Reyes, pese a las advertencias que le habíamos hecho sobre este personaje”, afirmó a la AFP Jorge Santos, del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH).
De igual manera se expresó el director del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco, para quien el principal responsable de “esta ingobernabilidad” es el mandatario debido a que seleccionó a Reyes de una lista de seis candidatos propuestos por una Comisión de Postulación.
El principal partido de oposición, el derechista Partido Patriota, se sumó a las críticas al asegurar que Colom es el culpable de la crisis, y exhortarlo a dejar al vicepresidente Rafael Espada la designación del nuevo Fiscal General, cuando se repita el proceso de selección.
Guatemala está sumida en una crisis institucional tras la renuncia del jurista español Carlos Castresana al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), en protesta por la polémica designación de Reyes el 25 de mayo. Castresana acusó a Reyes de corrupción y de tener nexos con el crimen organizado.
Tres días después de su renuncia, la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial guatemalteca, le enmendó la plana al gobernante al ordenar la separación de Reyes del cargo y un nuevo proceso para elegir al Fiscal General.
Ahora el Congreso tendrá que esperar a ver si los 12 miembros de la Comisión de Postulación aceptan o se inhiben de participar en un nuevo proceso de selección.
Los defensores de derechos humanos en Guatemala, entre ellos la fundación de la líder indígena Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, denuncian un “pacto de impunidad” entre los integrantes de la Comisión de Postulación con grupos del poder económico, político y militar para que el ungido fuera Reyes.
En ese sentido, la Convergencia por los Derechos Humanos, integrada por 54 organizaciones sociales, ha demandado que todos los integrantes de la Comisión se inhiban y sean otros quienes la integren.
Castresana reveló el lunes pruebas del complot en su contra, donde aparecen nombres de personas vinculadas con militares, al Partido Patriota y de la misma gobernante Unidad Nacional de la Esperanza (socialdemócrata) de Álvaro Colom.
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