Por Josué Bravo
CORRESPONSAL / COSTA RICA
El proceso judicial contra el proyecto minero Crucitas, el cual se ventila en el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, se prolongó luego que los jueces postergaran una audiencia para el próximo 11 de agosto.
El tribunal, así como las partes en conflicto, aprovecharán el tiempo para analizar pruebas presentadas a última hora, para analizarlas en agosto en la audiencia que definirá si el proceso se eleva o no a juicio.
La Procuraduría, que forma parte del engranaje estatal que respalda el desarrollo de esta minería, solicitó el miércoles que se incluya más prueba técnica de descargo en el expediente que aportó la Dirección de Geología y Minas.
En tanto, la denunciante Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas) que en este proceso es respaldada por la Unión Norte por la Vida (Unovida): presentará nuevas pruebas que según el ambientalista Edgardo Araya, demuestran “graves irregularidades” en el otorgamiento de la viabilidad ambiental a la minería.
La demanda contra Industrias Infinito S.A, desarrolladora del proyecto, fue presentada en 2008 por Apreflofas. Pero Araya, representante de Univida, adelantó ayer que dos nuevas denuncias contra la empresa serán presentadas en el mismo Tribunal.
El martes los ambientalistas lograron que el Tribunal mantuviera las medidas cautelares que impiden a la empresa talar árboles para continuar con las obras en la mina. Juan Carlos Obando, gerente de Asuntos Corporativos de la minera, dice que cada día de atraso del proyecto le deja a Industrias Infinito 200 mil dólares en pérdidas.
Los que buscan los ambientalistas en este caso, es que el Tribunal integrados por los jueces José Joaquín Villalobos, Jazmín Aragón y José Paulino Hernández; revierta la viabilidad del proyecto otorgada por la Secretaría Técnica Ambiental, dado que la minería metálica con uso de cianuro podría dañar el medio ambiente. Crucitas, está ubicada en una zona fronteriza de Costa Rica cerca del río San Juan, podría provocar daños a este cauce nicaragüense, insistió Araya.
Al ambientalista le preocupa que el Gobierno de Nicaragua no muestre preocupación por el curso que pueda tomar esta minería.
“Esperábamos más apoyo de parte del gobierno central de Nicaragua, porque aquí se está jugando el río San Juan y una contaminación de sus afluentes costarricenses podrían asesinarlo”, reclamó.
