Alguien ha dicho que la Justicia es como la ley de gravedad del Estado de Derecho. Por lo tanto, cuando falla la Justicia se desploma el Estado de Derecho, sobreviene el caos legal y político, en la sociedad impera la ley de la selva, se impone en el país la sinrazón de la fuerza bruta y el derecho sucumbe ante la imposición de individuos brutales, inescrupulosos y desalmados.
La certeza de esa sombría advertencia acerca del terrible daño que le causa a un país o una sociedad, la falta, la crisis o el desplome de la Justicia, se puede comprobar actualmente en Nicaragua, donde el Estado de Derecho ha sido gravemente quebrantado, inclusive está desapareciendo, como consecuencia de la grave crisis política que sufre la Corte Suprema de Justicia y con ella todo el Poder Judicial.
La crisis institucional de Nicaragua comenzó desde que Daniel Ortega recuperó el poder presidencial, en enero de 2007. A partir de entonces, de manera deliberada y sistemática el régimen de Ortega ha venido socavando las instituciones, atropellando la Constitución y violando la ley, con el propósito obsesivo de volver a reelegirse como Presidente y perpetuarse en el poder, “digan lo que digan y pagando el precio que sea”.
En estos días, la crisis institucional que sufre el país se sigue agravando, al expirar el mandato de los magistrados del Poder Electoral sin que fueran elegidos los que van a reemplazarlos. Además, la Corte Suprema de Justicia ha quedado desorganizada, debido a que se terminó el período del presidente y vicepresidente de la Corte, así como de los presidentes de sus salas. Y como no ha habido la sesión de Corte Plena que es indispensable para elegir legalmente a los sustitutos de quienes concluyeron su mandato, los orteguistas se están apoderando de toda la cúpula del Poder Judicial.
Ahora bien, la verdad es que si Daniel Ortega tuviera sentido de responsabilidad gubernamental y respetara la Constitución y la Ley, esta crisis podría ser resuelta de manera rápida y satisfactoria. Bastaría con que Ortega ordenara a sus diputados reunirse con la oposición parlamentaria, elaborar de común acuerdo un calendario de nombramiento por consenso de los magistrados de los poderes Electoral y Judicial, y para mientras designar autoridades interinas que atiendan y resuelvan los asuntos administrativos.
El nombramiento de los magistrados y demás cargos que según la Constitución debe de elegir la Asamblea Nacional, no puede ser por imposición de nadie, ni siquiera y mucho menos del titular del Ejecutivo. La elección de los magistrados tiene que ser por consenso entre todas las partes que están representadas en la Asamblea Nacional, y en todo caso de las mayoritarias, como es lo normal y necesario en todo sistema de gobierno civilizado y verdaderamente democrático. La norma constitucional que establece el voto del 60 por ciento de todos los diputados de la Asamblea Nacional para elegir a los magistrados y otros altos cargos del Estado, fue establecida precisamente para que ningún partido —y mucho menos un caudillo o cacique político— pudiera imponer a los magistrados y otros funcionarios que deben ser elegidos por la Asamblea Nacional.
Pero Daniel Ortega es alérgico a la norma del consenso, evidentemente, porque es contraria a sus pretensiones autocráticas y lo obliga a buscar el acuerdo con la oposición. Realmente, por su talante autoritario y compulsión dictatorial, Ortega prefiere el procedimiento de ordeno y mando, el dedazo, la imposición burocrática, y en último caso el pacto corrupto, el tráfico de influencias, la compra de votos entre los opositores más débiles y comprables.
Hace ya más de dos mil trescientos años que Aristóteles sentenció sabiamente, en su Ética a Nicómaco , que todas las virtudes humanas se resumen en la justicia. O sea que la justicia es la base para el buen funcionamiento de la sociedad y del Estado, y que por eso mismo los gobernantes tienen la obligación de actuar más justamente que todas las demás personas.
Pero seguramente que no es en la lectura de Aristóteles ni de ningún otro de los grandes creadores de la cultura democrática universal, que se inspiran intelectualmente Daniel Ortega y las personas que mandan en el país junto con él. Al contrario, lo más seguro es que las fuentes de su motivación política se encuentren más bien en Mi Lucha , de Adolfo Hitler, y en el mejor de los casos, en El Príncipe , de Nicolás Maquiavelo.
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