Las autoridades del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y diputados de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional se mostraron favorables a la aprobación de las reformas a la Ley para la Distribución y Uso Responsable del Servicio Público de Energía Eléctrica (Ley 661), la cual está en proceso de consulta en la Asamblea Nacional.
Este proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo para ampliar el rango de cobertura de la ley, para que los usuarios del sector energético que tienen consumos de hasta 200 kilovatios hora mes puedan ser sujetos a inspecciones, sanciones penales y multas, de comprobarse que sustraen energía de forma ilegal.
David Castillo, presidente del INE y Emilio Rappaccioli, ministro de Energía, coincidieron en que se debe ampliar el rango de cobertura de la ley, aspecto que ayudaría a reducir las pérdidas por sustracción ilegal de energía y ayudará a fortalecer el sector energético del país.
- La Ley 661 contempla sanciones administrativas, aplicables a consumidores comerciales industriales, de riego, de turismo y de bombeo de consumo superior a 500 kilovatios hora mes.
En el caso de los consumos comprendidos entre 201 y 500 kilovatios hora mes la aplicación de la reforma será un año después de su entrada en vigencia.
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No obstante, Castillo planteó que se hace necesario crear a la par de la ley las garantías necesarias para darle seguridad a los usuarios del sector energético.
“Creemos que en este proceso se deben establecer mecanismos de cobro justos, procesos de inspecciones donde estén presentes los inspectores del INE, sobre todo para que se validen correctamente las inspecciones”, añadió.
Según datos del MEM, las pérdidas que tiene en la actualidad la distribuidora Gas Natural se traducen en unos 38 millones de dólares aproximadamente cada año.
Con la entrada en vigencia de la Ley 661, en el 2008, el margen de pérdidas de la distribuidora Gas Natural se redujo de un 26 por ciento a un 22 por ciento.
Emilio Rappaccioli, ministro de Energía, señaló que el proyecto de reforma es muy positivo y “bien intencionado”, que no busca espacios para afectar a los usuarios y más bien busca crear la política de pago por la energía consumida.
Rappaccioli confirmó que la reforma a la ley, si se aprueba en el Parlamento, abarcará a quienes consuman 200 kilovatios hora mes en adelante.
“La propuesta que se discutió hoy (ayer) es que el INE será el garante de que los procedimientos establecidos en la Ley 661 se cumplan para que no haya abusos en contra de los usuarios”, añadió.
Los diputados de la Comisión de Infraestructura sostuvieron que también es necesaria la presencia de miembros de los organismos defensores de los consumidores, quienes serán también fiscalizadores de los procesos de inspecciones al momento de verificar si alguien está sustrayendo energía de forma ilegal.
Edwin Castro, diputado sandinista, afirmó que el hecho de que la ley pueda ser aprobada no significa que se dejará desprotegidos a los usuarios.
“En la ley misma quedará establecido que sin la presencia del INE ningún proceso será reconocido. Además se establecerá que la presencia de los representantes de los organismos defensores de los consumidores será necesaria, pero no influirá en las decisiones del proceso mismo. Creando las herramientas necesarias estamos dejando las condiciones para que no haya favoritismo hacia la Gas Natural”, prometió.
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