Bogotá/ AFP
Con el rescate de los últimos cuatro uniformados rehenes de las FARC, el presidente colombiano Álvaro Uribe dio un duro golpe a esa guerrilla, arrinconada por su política de seguridad y a la cual le queda escaso margen para una negociación con el nuevo gobierno, que asumirá el 7 de agosto.
El rescate, entre domingo y lunes, de tres oficiales de la policía y un suboficial del Ejército que habían sido rehenes de las FARC durante casi doce años dio un impulso a la popular política de mano dura ante las guerrillas que ha caracterizado los ocho años de gobierno de Uribe y que propugna también el candidato oficialista a la presidencia, Juan Manuel Santos.
Esa acción militar exitosa “debilita mucho la posibilidad de una negociación para un canje humanitario (de secuestrados por guerrilleros presos) y fortalece la línea de los rescates militares”, aseguró Álvaro Villarraga, de la Fundación Cultura Democrática.
Durante el mandato de Uribe, elegido en 2002 y reelecto en 2006, las fuerzas de seguridad pasaron de 220,000 a 425,000 hombres, mientras que las FARC vieron mermar sus combatientes de unos 17,000 a entre 7,500 y 10,000.
Como favorito de las encuestas para la segunda vuelta presidencial del próximo domingo figura Santos, quien como ministro de Defensa de Uribe (2006-09) propinó los más duros golpes a las FARC, entre ellos el rescate hace dos años de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y once policías y militares.
Para el politólogo Alejo Vargas, de la Universidad Nacional, este rescate a poco de entregar Uribe la presidencia muestra a una guerrilla “cada vez más desprestigiada y arrinconada”.
León Valencia, de la Fundación Nuevo Arcoiris, consideró que esta acción militar constituye “un mensaje muy fuerte y definitivo, porque los rescates que más peso tenían para la opinión pública ya se han hecho”.
Las FARC, que mantienen aún cautivos a 19 uniformados y un número indeterminado de civiles por motivos económicos, insisten en pedir un intercambio humanitario, pero esa opción es rechazada tanto por el gobierno de Uribe como por los candidatos Santos y el independiente Antanas Mockus.
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