Dificultades técnicas en la emisión del documento de identidad, originadas por falta de recursos, equipos o movimientos migratorios, ocurren en varios países de América Latina, pero en el caso de Nicaragua pesa el factor político y esto causó asombro en un evento internacional reciente.
En Argentina, durante la ponencia de Gisselle Poveda, docente de la Universidad Americana (UAM), en un seminario auspiciado por la Fundación Poder Ciudadano de esa nación, quedó en evidencia el caso de la negación de la cédula de identidad al Jefe de Redacción de LA PRENSA, Eduardo Enríquez, más la partidización que obstruye la emisión de ese documento, lo que llamó la atención de los presentes.
“Al llevar el caso de Eduardo Enríquez, Nicaragua fue el único país que presentó un problema político concerniente a la identidad y no técnico, porque (problemas) técnicos, todos teníamos casi lo mismo”, relató Poveda, autora de un estudio sobre la cedulación.
“Es decir, que ni que nos den todo el dinero del mundo, ni todos los aparatos del mundo, no se resuelve (ese problema), porque es político, de falta de voluntad política”, explicó.
Indicó que los asistentes a la presentación del estudio, en Argentina, incluidos los representantes de los medios de comunicación, quedaron “anonadados” al conocer el caso de Enríquez, porque les resultaba difícil entender por qué se hacía eso contra un periodista.
“Era un caso paradigmático, porque no sólo era el uso de la identidad como un arma política, no sólo era la falta de cumplir con un derecho, sino que también se volvió un caso sobre libertad de expresión, un caso de ataque a la prensa, en general a los medios y un caso de persecución política”, destacó Poveda, quien comentó que acto seguido hubo un sinnúmero de preguntas, siendo la principal ¿y ahora qué van a hacer?, sin poder brindar una respuesta concreta.
El interés que despertó el problema de cedulación fue expuesto por algunos medios de comunicación argentinos.
“El testimonio más atrapante fue aportado por Giselle Poveda, de Nicaragua, quien presentó la situación del periodista Eduardo Enríquez, a quien el Estado nicaragüense le niega sistemáticamente el acceso a su cédula de identificación, por sus críticas columnas al gobierno de (Daniel) Ortega en el Diario LA PRENSA. Luego de acudir personalmente a diversas instancias de la justicia nicaragüense, este periodista aún hoy no cuenta con su identificación oficial”, señala parte de lo publicado en Infocívica.
Para los participantes en el seminario, también fue difícil entender el manejo de las organizaciones políticas con relación a la entrega de la cédula de identidad, pero sobre todo del partido de gobierno, el Frente Sandinista (FSLN), sin que esto sea algo inusual para el Consejo Supremo Electoral (CSE), que más bien lo avala.
La falta de acceso de la ciudadanía nicaragüense al documento de identidad, al retardar el CSE la entrega con argumentos como “no hay plástico para la elaboración”, fue motivo de asombro y hasta risas de parte de los asistentes al evento en Argentina, relató Poveda.
CSE NO COLABORÓ
La docente indicó que para la elaboración de su estudio, que incluía aspectos como los mecanismos que se siguen en Nicaragua para obtener la cédula de identidad y las regulaciones legales vigentes, debía realizar entrevistas a funcionarios electorales y no gubernamentales, pero que en el caso de los primeros fue nulo el apoyo que recibió, en acceso a información, de las autoridades nicaragüenses.
“El formulario se les mandaba antes y eran preguntas muy técnicas, no eran preguntas políticas, por así decir; simplemente era cuántos días te toma, si sos un ciudadano regular, una reposición; cuántos días te toma sacar tu primera cédula; cuáles son los procesos que tenés que llevar para sacar tu primera cédula, cuáles son los procesos para sacar tu primera cédula, cuánta gente está cedulada”, señaló Poveda.
Otros entrevistados, además de Eduardo Enríquez, fueron Mauricio Zúñiga, del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade); Rosa Marina Zelaya y Félix Maradiaga, por estar vinculados al tema de la cedulación en Nicaragua.
La investigación plasma datos del estado de los procesos para entregar la cédula de identidad en Nicaragua, que van desde la estructura que la elabora hasta el costo y tiempo para que a un ciudadano le entreguen su documento de identidad.
La ponencia de Poveda se dio en el marco de la campaña Promoción de la Universalidad del Derecho a la Identidad en América Latina, que impulsa la Organización de Estados Americanos (OEA) como parte del Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad, un convenio suscrito por la mayoría de países donde se implementó el estudio, que establece que para el 2015 debe haberse logrado que los ciudadanos no tengan dificultades para acceder al documento de identidad.
AVANCES EN LA REGIÓN
Una de las conclusiones del estudio a nivel regional, es que durante el período del 2007 al 2009 los Estados adoptaron o se encuentran en proceso de implementar distintas herramientas, con el fin de garantizar el acceso al registro de nacimiento y obtención de la documentación obligatoria, en especial en zonas de mayor exclusión.
Señala como líneas de acción más comunes en los países estudiados, al momento de evaluarlos, la gratuidad de la inscripción de nacimientos que todos los países incorporan en el marco del registro oportuno.
Respecto a la vía judicial, la mayoría la ha eliminado, salvo tres países: Nicaragua, El Salvador y Argentina.
Sobre la incorporación de tecnología y mecanismos que hacen eficientes a los sistemas, “puede afirmarse que en líneas generales todos han desarrollado, y algunos superado, las recomendaciones de la OEA. Por ejemplo: incorporación de oficinas móviles en la mayoría, solicitud de partidas vía internet (Chile), máquinas expendedoras de partidas (Perú) y/o Camión Fábrica (Argentina).
En 18 países de América Latina hicieron el estudio, y nueve de ellos lo presentaron en Argentina.
¿SUPERIORES?
Gisselle Poveda destacó que cuando trataba de recabar información para su informe, un magistrado electoral, cuyo nombre no reveló, le respondió que no atendería su solicitud porque “no conocía sobre el tema y debía consultarlo a instancias superiores”. Los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) son la más alta autoridad de ese Poder del Estado, que se supone es independiente.
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