Por Filadelfo Martínez/EFE
Fotos de La Prensa/Archivo
Los nicaragüenses parecen condenados a vivir en crisis permanentemente debido al propósito del presidente Daniel Ortega de ser reelegido en el cargo en las elecciones del 2011 y mantenerse en el poder cinco años más, aprovechando que la oposición cada día está más débil, dividida, enfrascada en personalismos y en la defensa de intereses individuales.
“Tenemos un Gobierno con ministros ilegales, todo lo que firman es ilegal, usurpadores en la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República, en la Procuraduría General de Derechos Humanos, ladrones de elecciones en el Consejo Supremo Electoral y un presidente que reforma la Constitución mediante decreto”, dijo la líder sandinista disidente Dora María Téllez.
La ex guerrillera y dirigente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) se refería en concreto a la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que el 19 de octubre del año pasado tomaron una decisión que despejó a Ortega el camino a la reelección, hecho que supuso la apertura de la actual crisis.
Ese día, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la presencia únicamente de magistrados sandinistas, declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución de 1987, que impide la reelección presidencial en períodos sucesivos y limita a dos el máximo de mandatos alternos que puede ejercer un presidente.
La oposición defiende que sólo el parlamento tiene facultades para variar la Constitución y modificar esas normas sobre la reelección presidencial.
La sentencia dictada por la Sala Constitucional, en una sesión que se celebró después de que los magistrados liberales fueran sustituidos por sandinistas, hizo que la oposición prometiese unirse para contrarrestarla, pero no ha logrado hacerlo.
Además, el 9 de enero de 2010, Ortega promulgó un decreto para ratificar y prorrogar en sus cargos a una veintena de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), de la Corte Suprema de Justicia, varios fiscalizadores de cuentas y otros altos funcionarios cuyo período de cinco años vence este año, a pesar de que esa facultad, según la oposición, también es privativa del congreso.
Todos estos funcionarios deben de ser elegidos por el congreso con una votación cualificada de 56 de los 92 diputados del parlamento.
Ortega propuso el 5 de febrero la reelección de siete de los diez jueces electorales a los que les vencía su mandato, incluido el presidente del CSE, Roberto Rivas.
Pero la oposición parlamentaria ha cumplido en este caso un acuerdo alcanzado en un hotel de Managua, en noviembre de 2009, para no reelegir a los magistrados del CSE, a los que acusa de cometer un fraude masivo en las elecciones municipales de noviembre de 2008, a causa del cual los liberales aseguran que perdieron 42 alcaldías.
Pero la oposición no se ha mostrado tan unida con otros nombramientos. En marzo de este año, Ortega nombró también a Marlon Brenes Vivas y Alba Luz Pallaviccini como presidente y suplente, respectivamente, del Tribunal Tributario, y dos meses después pidió al parlamento la ratificación de esos nombramientos.
Pero en una muestra de la división de que siguen adoleciendo los distintos sectores de la oposición en la Asamblea Nacional, en la que los sandinistas dependen del apoyo de otras fuerzas hasta para lograr quórum, el Congreso ratificó los nombramientos de Brenes y Pallaviccini, en el tribunal tributario por 49 votos a favor y 27 en contra.
La crisis en Nicaragua ha trascendido también al exterior, pero sin mayores consecuencias, hasta ahora.
En abril, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, expresó su “profunda preocupación” por los violentos incidentes que se registraban en Managua, cuando el edificio del parlamento fue asediado por grupos de seguidores de Ortega para impedir que los diputados opositores celebrasen un pleno para revocar el decreto por el que el Presidente prorrogó el mandato de estos funcionarios.
Por ese motivo, los legisladores opositores tuvieron que celebrar esa plenaria en un hotel de Managua, donde igualmente fueron atacados con morteros artesanales y pedradas por simpatizantes de Ortega.
Insulza defendió “la necesidad de preservar la institucionalidad y de respetar a las distintas autoridades constituidas”, pero el Gobierno de Nicaragua pidió al máximo funcionario de la OEA abstenerse de brindar declaraciones con “ribetes injerencistas”. El 22 de abril, dos ex presidentes, un ex primer ministro y tres ex vicepresidentes americanos instaron al propio Insulza a convocar una reunión del Consejo Permanente de la OEA para analizar la crisis que atraviesa Nicaragua.
Esa petición fue hecha en una carta pública de los ex presidentes Jimmy Carter (Estados Unidos) y Oswaldo Hurtado (Ecuador), junto al ex primer ministro Joe Clark (Canadá), entre otros líderes, emitida por el Centro Carter.
Además, pidieron “hacer las consultas necesarias y activar los mecanismos correspondientes de conformidad con la Carta Democrática” de la OEA, aceptada por Nicaragua.
A finales de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los hechos violentos protagonizados el 20 y 21 de abril por los seguidores de Ortega contra los parlamentarios de oposición, debido a su impacto en los derechos humanos y en la democracia.
La CIDH instó al gobierno nicaragüense a garantizar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y advirtió a Ortega que seguiría atentamente la evolución de los acontecimientos.
Los disturbios protagonizados por los “orteguistas”, que fueron movilizados en autobuses y ante los que la policía no actuó para evitarlos, se saldaron con la quema de cuatro vehículos, dos periodistas golpeados y la denuncia de más de medio centenar de personas, incluidos 18 diputados de oposición, de haber sido retenidos contra su voluntad en la sede de una organización política liberal durante varias horas.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha propuesto para superar la crisis la celebración de diálogos transparentes y confiables entre el Gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil.
Según los prelados, el resultado de estos diálogos debe ser lograr un entendimiento entre los diferentes sectores de la sociedad, de manera que cristalicen en un auténtico consenso democrático y un nuevo pacto social que asegure la estabilidad jurídica al país y que afronte los grandes problemas económicos y sociales que afectan a la población.
El llamamiento de los obispos no ha tenido eco en el gobierno de Ortega.
Según el sociólogo Oscar René Vargas, Ortega ha movido el tablero político estos días, aprovechando la división de la oposición y en un afán por fragmentarla aún más, con el fin de controlar el parlamento y obtener el apoyo de los 56 diputados que le den la mayoría calificada.
El movimiento de piezas —según el experto— incluye la restitución de la personalidad jurídica al Partido Conservador, que el CSE le había retirado en 2006; devolver la diputación al conservador Alejandro Bolaños Davis y la habilitación del ex vicepresidente liberal Alfredo Gómez Urcuyo como diputado suplente en la Asamblea Nacional.
Ortega ha cortejado abiertamente tanto a Bolaños Davis, a quien el CSE había despojado de su escaño acusándolo de haber transgredido la Constitución y la Ley Electoral del país por tener nacionalidad estadounidense, como a Gómez Urcuyo, quien tras ser elegido como diputado suplente ha asegurado que será un diputado independiente, aunque recordó que de 2002 a 2007, cuando fue diputado por el oficialista Partido Liberal, trabajó muy bien con los entonces opositores y actuales gobernantes sandinistas.
Lo último que ha hecho Ortega —según él para solucionar la crisis institucional— ha sido pedir apoyo al Consejo Superior de la Empresa Privada para disolver la Asamblea Nacional y sustituirla por un Consejo de Estado como el que funcionó en este país durante la década de 1980, cuando gobernaron los sandinistas.
Tras el rechazo que la propuesta generó entre la oposición parlamentaria y los propios empresarios, Tomás Borge, el único fundador del Frente Sandinista que sigue vivo, aseguró que se había interpretado mal el “agudo sentido del humor” de Ortega.
Borge —algo alejado de la lucha política cotidiana de Managua debido a su puesto de embajador en Perú—, ha vaticinado que la reelección de Ortega en 2011 permitirá al Frente Sandinista mantenerse en el poder más de cien años.
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